El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Augusto Méndez de Lugo, ha remitido un comunicado a todos los presidentes de las salas del TSJA y a los presidentes de las audiencias provinciales de Andalucía, así como a las secciones de las mismas en las ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, para requerirles información el día de la huelga de jueces. De este modo, el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Eduardo Baena, deberá informar de "cualquier incidencia" antes de las doce del mediodía del miércoles próximo.
Por este motivo, Baena pidió ayer a los secretarios judiciales cordobeses que registren a su vez los incidentes que pudieran surgir en "el desenvolvimiento de la actividad jurisdiccional en sus respectivos órganos", como la producción de suspensiones de diligencias, vistas o señalamientos, motivados por "la pretensión de ejercer el derecho de huelga" de los jueces y magistrados de Córdoba.
Eduardo Baena explicó que la disposición de Méndez de Lugo obliga, en definitiva, a informar sobre la relación nominativa de aquellos jueces y magistrados que "no hubieran asistido al despacho sin causa justificada". Además, se deberá hacer "mención expresa" de aquellos que para su "inasistencia hubieran invocado el ejercicio del derecho de huelga".
REUNION PREPARATORIA Representantes de las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, jueces decanos y miembros de los comités de huelga territoriales de toda España se reunirán mañana en la sede de los juzgados de Instrucción de Madrid, en Plaza de Castilla, para organizar la protesta del próximo 18 de febrero. La movilización, para la que el Consejo General del Poder Judicial ha dicho que no existe base legal, coincidirá con otro tipo de actos reivindicativos más moderados (previsiblemente concentraciones a las puertas de los juzgados), a propuesta de las otras dos asociaciones que existen, la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la progresista Jueces para la Democracia (JpD).
Por su parte, la vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, insistió ayer en la disposición del Ejecutivo a seguir dialogando con los jueces. De la Vega dijo que confía en la responsabilidad de los miembros de la carrera judicial y que espera que ese mismo sentido de la responsabilidad lleve al PP "a participar también en el diálogo y propiciar el acuerdo".
Sobre el pronunciamiento "nítido" emitido esta semana por el Consejo General del Poder Judicial, Teresa de la Vega mostró su respeto y añadió que es el "órgano político de gobierno de los jueces al que incumbe pronunciarse" sobre la huelga.
