El fiscal jefe de la Audiencia de Córdoba, José Antonio Martín Caro, garantizó ayer que la Fiscalía "seguirá adelante" en el caso de los cobros indebidos que Gas Natural realizó entre los años 1997 y 2005. Martín Caro reiteró que lo más idóneo sería que la empresa realizara las devoluciones a través de las facturas y que, por ese motivo, continuará batallando. De momento, la compañía ha devuelto el cobro de lo indebido a unas cinco personas, las únicas que lo han denunciado ante el juzgado de Instrucción número 1 de Córdoba. Así que, por ahora, los afectados que quieran su dinero sólo disponen de la vía judicial para reclamar.

Y es que a pesar de que haya una sentencia del Supremo que obliga a la compañía a pagar, aún hay que determinar la forma de ese pago. El problema, explica Martín Caro, es que las leyes no contemplan específicamente la ejecución de "intereses colectivos" por lo que, .

Por su parte, Alfonso Igualada explicó ayer que el Ayuntamiento de Córdoba se pondrá en contacto con los alrededor de 2.500 afectados que presentaron una reclamación en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) para intentar darles alguna información sobre este particular.

El Tribunal Supremo ratificó en noviembre del año pasado una sentencia de la Audiencia de Córdoba en la que se declara irregular el cobro que la empresa hizo de los derechos de alta entre 1997 y 2004 y de las instalaciones comunes entre 1997 y 2005. Su aplicación es para toda Andalucía y la compañía está obligada a reembolsar el dinero que facturó indebidamente a unas 200.000 personas.

Es muy difícil saber cuántos son los afectados (un dato que solo tiene la empresa), así como una cifra global del dinero que debe pagar la compañía. Actualmente, Gas Natural Andalucía cobra 60 euros por los derechos de alta y 24 euros al año por la instalación comunitaria.