La Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura se está encargando del encaje jurídico al auto judicial con el que, por vez primera, se requiere a esa consejería a que ejecute el que también será el primer derribo de una casa ilegal en el entorno protegido de Medina Azahara.

La delegada provincial de Cultura, Mercedes Mudarra, ha explicado que el citado auto, dictado por el juzgado de lo Penal número cuatro, por el que se encarga a la Administración autonómica la demolición de una vivienda levantada ilegalmente en Las Pitas, junto al citado conjunto arqueológico del siglo X, se remitió a la Dirección General de Bienes Culturales.

Es allí, según detalló Mudarra, "desde donde se está articulando jurídicamente el documento --auto judicial--", al objeto de determinar cómo se procede por parte de la Administración en relación con la resolución judicial, por la que un padre y su hijo fueron condenados, en sentencia del juzgado y ratificada por la Audiencia Provincial, a un total de tres años de prisión y a la demolición de la vivienda.

Se da la circunstancia de que el auto que encarga a Cultura el derribo ha sido recurrido por los parcelistas, al entender que el juzgado, "antes de librar ese oficio" a la Administración autonómica "debió requerir a los condenados, dándoles un plazo para el cumplimiento voluntario de la sentencia, en lo que respecta al derribo de la edificación".

Se trata de un recurso de reforma, planteado ante propio juzgado, y subsidiario de apelación ante la Audiencia, en el que se recuerda que la legislación establece que "los autores del hecho pueden encargar esa demolición a una empresa o bien hacerla por sí mismos", algo que en este caso, además, no es descartable, pues "la construcción se realizó por los propios condenados, uno de los cuales es albañil", de modo que "quien pudo edificar puede demoler, lo que es técnicamente más fácil".

A esto se suma que sería la Consejería de Cultura la que ejecutase el derribo y pasaría la factura del coste de la demolición a los procesados.

Por todo ello, el abogado de los parcelistas pide al juzgado de lo Penal que "revoque" su auto, en lo referido al encargo del derribo a la Junta.