La querella contra Rafael Gómez alude a unos hechos que tuvieron lugar en 2004, cuando la caja compartía la propiedad de la inmobiliaria Arenal Sur 21 con el empresario. Cajasur asegura que Gómez suscribió un contrato de arrendamiento de servicios con una empresa para la realización de unos trabajos al parecer ficticios. Señala que Gómez contrató a esta empresa para que hiciera gestiones con la intención de que el Ayuntamiento de Manilva (Málaga) modificara la edificabilidad de unos terrenos propiedad de Arenal Sur. La caja sostiene en su querella que ese encargo era de imposible cumplimiento y que causó un perjuicio patrimonial a Arenal Sur de un millón de euros. En cuanto a Francisco Jurado, último director general de Cajasur en la etapa de Miguel Castillejo, la caja cree que ha incumplido la buena fe contractual al vulnerar la normativa interna y no respetar los controles en la concesión de determinados créditos, y, le acusa de cobrar comisiones por un importe de 180.000 euros.