El sindicato UGT de Andalucía presentará un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Córdoba ante la sentencia que condena al supervisor de una empresa de limpieza por abuso y acoso sexual sobre una empleada, ya que el fallo judicial "no castiga las amenazas ni el atentado contra la integridad moral", que, a juicio de UGT también se produjeron.

Según recuerda UGT en un comunicado, el Juzgado de lo Penal número cuatro de Córdoba condenó a dos años de prisión, 24 fines de semana de arresto carcelario y al pago de una indemnización de 24.000 euros por daños morales "al encargado de una empresa de limpieza que prestaba servicio al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por abuso y acoso sexual a una trabajadora".

La denunciante, M.I.D., ha estado representada por la letrada del servicio de Asesoramiento Jurídico y Defensa Procesal a mujeres en caso de discriminación por razón de sexo de UGT, Rocío Mateo Medina, quien destacó que desde la puesta en marcha en 1997 de este servicio, subvencionado por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), se ha conseguido "la primera sentencia con una condena de pena privativa de libertad superior a dos años y la de mayor indemnización por responsabilidad civil por los daños morales ocasionados a la víctima".

Sin embargo, la letrada apelará la sentencia ante la Audiencia "por expresa petición de la víctima, al considerar que no refleja suficientemente la despreciable conducta del condenado", no sólo hacia M.I.D, "sino hacia al menos otras tres trabajadoras que comparecieron al juicio en calidad de testigos, al haber prescrito sus delitos".

Es decir, a juicio de esta parte, "la detestable conducta delictiva del condenado hacia sus víctimas no sólo ha sido sexual, sino también atentatoria contra su integridad moral".

Por ello, "el objetivo del recurso de apelación es que el acusado no quede impune de los delitos de amenazas contra la integridad moral o de lesiones psíquicas, de lo contrario la víctima no vería reparado su daño moral y psíquico, según las manifestaciones expuestas en el juicio por la psiquiatra adscrita al SAS y la psicóloga del SAVA".