El presidente del Partido Popular de Andalucía, Javier Arenas, reclamó ayer la creación de un fondo de compensación para los 85.000 afectados andaluces por la intervención judicial de Fórum Filatélico y Afinsa. Arenas se reunió en Córdoba con portavoces de las plataformas de afectados y se comprometió con ellos a presentar una proposición no de ley en el Parlamento andaluz con varias medidas en favor de este colectivo.
El objetivo del fondo de compensación es "permitir a los afectados recuperar lo más rápidamente posible la totalidad de su inversión", por lo que Arenas señaló que esta partida debería estar disponible antes del 31 de diciembre del 2007. Además, la proposición pedirá medidas fiscales favorables a los afectados, "sobre todo en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF)", destacó Arenas. También se reclama "una política generosa de préstamos del ICO (Instituto de Crédito Oficial) para este colectivo", así como la posibilidad de prestar asistencia jurídica desde la Administración andaluza a los ahorradores de Fórum y Afinsa.
Javier Arenas pidió una mayor implicación de todas las administraciones en este asunto y aseguró que "todos los partidos tienen la obligación de estar con los afectados, que no pueden ser las víctimas de una mala gestión empresarial, si es que la hubo, o de la pasividad o lentitud en la investigación de las administraciones públicas".
El presidente del PP andaluz también destacó que los 85.000 andaluces afectados "son pequeños ahorradores, muchos de ellos pensionistas", y mostró su "rechazo frontal a ciertas actitudes de personas del PSOE que dicen que este es un problema que afecta a especuladores".
SANIDAD Por otra parte, Arenas mostró su preocupación por la situación de la Sanidad andaluza y resaltó que "tenemos la mitad de hospitales que Cataluña, cuando en Andalucía somos un millón de personas más". El dirigente popular se refirió a las agresiones al personal sanitario y pidió que sean consideradas "atentados a la autoridad", algo que ya aplica la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Córdoba desde enero del 2006.
También hubo críticas para la inversión sanitaria ya que, afirmó, "somos la comunidad autónoma que menos invierte en Sanidad", y consideró una "barbaridad que se obligue a jubilarse a médicos con 65 años que están en plenas condiciones".
