Representantes de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) de la enseñanza concertada en Córdoba, del Foro Andaluz de la Familia y de Acción Familiar, que aglutinan al colectivo que rechaza la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía, aseguraron ayer que existe un amplio grupo de padres que no presentan sus objeciones de conciencia por "miedo ante la política de amenazas de la Junta". Según comentan, temen las represalias académicas para sus hijos e indican que son algunos directores de centros quienes "desaconsejan las objeciones de modos muy diversos, con lo cual se está atentando contra la libertad de los padres". Aunque no precisan el número de familias afectadas ni de centros donde se están produciendo estos casos de "presión", matizan que es significativo que no conozcan a algún centro que se manifieste a favor.

El presidente del Foro Andaluz de la Familia, Federico Die, indicó que Córdoba cuenta actualmente con 1.200 objeciones, de las cuales el porcentaje mayor se encuentra en los padres con alumnos en Primaria (el 47%), mientras en la ESO alcanza el 29%, pero vaticina que a lo largo del curso se multiplique en Córdoba (que está a la cabeza en Andalucía) el rechazo a esta asignatura obligatoria en 3º de ESO. De hecho, los colectivos a favor de las objeciones esperan alcanzar las 4.000, y, al mismo tiempo, afirman que la Junta no está ofreciendo los datos reales.

Por su parte, la delegada provincial de Educación, Dolores Alonso, aseguró que "ni oficial ni extraoficialmente" le han llegado a su despacho casos de niños que no asistan a la clase de Educación para la Ciudadanía. "No he recibido documentación de ningún centro público ni concertado, ni tampoco llamadas", matizó Alonso, que, a su vez, cuestiona que exista en Córdoba más de un millar de objeciones.

La FAPA le recuerda a Alonso que "no se puede catalogar como absentista a un niño que asiste habitualmente a clase, pero sus padres han objetado esta asignatura". Insiste en que mientras los tribunales no resuelvan estos casos, hay que preservar los derechos de las familias, y no se puede expulsar a un niño. A su vez, denuncia el caso "grave" de un alumno que después de alegar su objeción salió del aula y permaneció en el pasillo. Y según la FAPA, el director y la jefa de estudios le pidieron que abandonara el centro. La FAPA y el Foro de la Familia consideran que en estos casos ningún miembro de un equipo directivo puede pedir que un alumno deje el centro. A su vez, anuncian que se querellarán contra la persona que protagonizó estos hechos, pues creen que debería haber adoptado otras medidas pedagógicas.