El encargado de la obra que se ejecutaba junto a la casa de la calle Palomares que se vino abajo el 21 de febrero pasado y que causó la muerte de un matrimonio advirtió verbalmente al empresario un día antes de la tragedia del peligro que suponía para el edificio las vibraciones que producía la maquinaria, solicitando que tomara medidas.

El mismo día del siniestro, Comisiones Obreras puso en conocimiento de la Inspección de Trabajo esa demanda verbal, de la que se dio traslado a la fiscalía, según ha indicado un dirigente de este sindicato.

Fuentes sindicales han informado de que el trabajador "vio que las cosas no se hacían correctamente, pero el empresario le dijo que había que terminar las obras y desoyó sus reclamaciones". El encargado es "una persona con muchos años de experiencia y es, además, monitor de cursos entre los que se incluyen módulos de seguridad y salud laboral, por lo que sabe lo que estaba diciendo".

Ya en el plano judicial, las distintas partes personadas en el caso se encuentran a la espera de que el juzgado les informe de las actuaciones que está llevando a cabo para determinar las causas del suceso y las responsabilidades civiles y penales que se derivan de la muerte del matrimonio Sánchez Fernández.

Poco después de las 8.00 horas de ese día se venía abajo parte de la casa de vecinos situada en el número 4 de la calle Palomares, en la esquina con Muro de la Misericordia, en la barriada de Santa Marina, quedando sepultados bajo los escombros tres miembros de una misma familia.

Testigos presenciales comentaron que en ese momento estaban en marcha una grúa y una retroexcavadora. A resultas de este derrumbamiento fallecía el matrimonio formado por Antonio Sánchez García, de 46 años, y Teresa Fernández Murillo, de 43 años, mientras que uno de sus hijos, de 12 años, era ingresado en el hospital universitario Reina Sofía con heridas graves. La hermana del chico, de 21 años, salió ilesa, aunque los médicos del servicio de emergencias del 061 tuvieron que atenderla por un ataque de ansiedad.

La Gerencia Municipal de Urbanismo, además de ordenar el desalojo del inmueble, emitía un comunicado en el que señalaba que "el derrumbe de parte del edificio se produce como consecuencia de las obras de vaciado de tierras en un sótano colindante", a unos seis metros bajo el nivel de la calle. El hormigonado de esa dependencia, destinado a cocheras, deja ver que los cimientos de la casa están hechos de piedra y arena.