La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) exigió ayer al Ministerio del Interior que se retiren "inmediatamente" las medidas disciplinarias contra dirigentes de este colectivo que se abrieron con motivo de la concentración del pasado 20 de enero en la plaza Mayor de Madrid.
El delegado provincial de AUGC en Córdoba, Alfonso Carrasco, uno de los agentes expedientados y que se negó a declarar en la comandancia, leyó ayer un manifiesto que recibió el apoyo de las centrales CCOO, UGT, CSI--CSIF, Confederación Española de Policía (CEP), Unión Federal de Policía (UFP), Sindicato Unificado de Policía (SUP) y Sindicato Independiente de Policía Local y Bomberos (Siplb), así como del PSA.
El texto refleja que Interior "pretende sancionar injustamente a imaginarios enemigos de la disciplina y el servicio; no los hubo en la plaza Mayor", añadiendo que "la dignidad de la Guardia Civil no sufrió menoscabo alguna, y únicamente se reclamaron derechos y leyes iguales para todos".
En el turno de intervenciones, Rafael Rodríguez (CCOO) apuntó que las sanciones "son un error de bulto para conseguir que un cuerpo policial entre en la vida democrática", mientras que Jesús Comino (UGT) señaló que "la democracia llama a la puerta de los cuarteles". Jesús López (CSI--CSIF) comentó que "apoyamos unas reivindicaciones justas", y Antonio Albalá (SUP) subrayó que la Guardia Civil "tendrá que dejar de ser un feudo".
Alfonso Carrasco destacó que desde el 20 de enero "hay una corriente solidaria" con la asociación, que "va por una Guardia Civil más moderna y democrática".
