La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) criticó ayer el "triunfalismo" del Ayuntamiento de Córdoba por la escolarización de 19 menores de nacionalidad rumana en colegios y guarderías municipales, cuando sus familias "no tienen cubierto lo esencial, el techo y la comida".

APDH-A indicó en un comunicado que la "omisión" de las distintas administraciones está abocando a la "marginación" del colectivo rumano-gitano que, según la asociación, superan los dos centenares de personas en la capital, "aunque sea difícil determinar la cifra". Del mismo modo, la organización denuncia que la tasa de paro de esta población en su propio país supera entre 7 y 10 puntos al del resto de los nacionales y que, en Córdoba, según datos del Secretariado Gitano, un 60 por ciento vive en la calle y un 40 en pisos.

En este sentido, reprochan al Gobierno central "la moratoria a la incorporación al trabajo" de los rumanos, al mismo tiempo que reprueban que la Junta de Andalucía no haya articulado "ningún plan o medida específica para esta minoría en la mayor de las precariedades", y al Ayuntamiento su "renuncia a la intervención integral optando por parchear malamente".

Respecto al hacinamiento de estas familias en pisos de Córdoba, APDH-A señaló que las acciones municipales se limitan a "actuar administrativamente contra el propietario, sin dar alternativa alguna a los inquilinos". De este modo, desde la asociación anunciaron que "lamentamos que la propuesta seria y valiente del Plan Córdoba Integra, que en su día puso sobre la mesa el Ayuntamiento de Córdoba, haya sido desechado, optando por respuestas parciales y raquíticas que justifican malamente a la propia administración y no dan respuesta a la globalidad de este colectivo tan vulnerable", aseveran en el comunicado de prensa.

Además de esto, la asociación culpa al Estado por "la absurda situación administrativa en que se encuentran estos ciudadanos, que desde el 1 de enero son ciudadanos europeos con derecho a residencia, pero su tarjeta de residencia dice que no están autorizados a trabajar". Esta situación, según indica APDH-A, hace que el colectivo de los rumanos gitanos está "oficialmente condenado a vivir al margen de la economía formal".