Tan solo el 40% de los rumanos gitanos que viven en Córdoba disponen de piso para habitar, mientras que el 60% restante vive en la calle. Esta conclusión se refleja en el informe que ha elaborado la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) relativo al año que acaba. Este colectivo, que según Angeles Marco, vocal de Inmigración de la asociación, "tiene arraigo ya en la ciudad", viene a ocupar el último eslabón en la exclusión social.

Este concepto se define como la no incorporación de las personas al proceso productivo (ni trabajan ni se les considera consumidores), la incapacidad de acceso a los bienes, el aislamiento social y la no participación en la convivencia. Marco considera insuficientes las medidas puestas en marcha por el Ayuntamiento, especialmente la Unidad de Calle, y asegura que "la mendicidad afea y se trata de limpiarla de la ciudad".

Marco también se refirió a los planes municipales de inmigración, "que tienen cosas buenas", si bien se preguntó "qué clima social estamos creando porque el levantamiento de campamentos es constante" . Así recordó que la situación ha ido a peor, pues "ahora hay seis niños en la guardería municipal cuando antes hubo quince", a lo que añadió que tres menores dormían en las tiendas de campaña con sus padres. "Estaban protegidos durante el día en la guardería y por la noche expuestos al frío".

Según los datos que maneja la APDH, la población excluida en Córdoba y provincia asciende a 31.375 personas, lo que supone un 4% de los hogares cordobeses. Las barriadas más marginadas de la capital siguen siendo las de siempre: Moreras, Palmeras y el entorno de la calle Torremolinos. El índice de paro en esas zonas fluctúa entre el 45 y el 55%, "una desproporción impresionante" respecto a las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA), según apuntó Rafael Ochoa, quien comentó que "además de tener los trabajos más precarios, se da un nuevo perfil: el de la población rumana".

SUELDOS BAJOS En esos barrios el absentismo escolar es bajo, pero los niños rara vez acaban los estudios "porque no se adaptan al sistema educativo". A ello se suma una gran cantidad de personas que cobran susbsidios de 442 euros al mes durante medio año; el resto vive del menudeo de droga y de trabajos con sueldos casi siempre por debajo de lo establecido.

Esther Muñoz, delegada de APDH, subrayó que "abogar por los derechos humanos se está convirtiendo en la coletilla de los discursos políticamente correctos, pero lo cierto es que se encuentran en peligro".