La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) ha recibido hasta el momento la consulta de unas doscientas personas de Córdoba y provincia "con relaciones familiares y de amistad muchas de ellas", por el fraude de Fórum Filatélico, según señaló ayer el delegado de esta organización, Alvaro González-Astolfi. Este cifró ayer los afectados en la provincia entre 4.000 y 6.000, y en 400.000 los de toda España.

González Astolfi pidió ayer la dimisión o cese del subsecretario de Estado de Sanidad y Consumo, Fernando Puig, y de la directora del Instituto Nacional de Consumo, Angeles Heras. En este sentido, criticó la "pasividad y negligencia del Ministerio de Sanidad y Consumo" y denunció el "vacío legal existente en la regulación en la que se han movido estas entidades dedicadas a inversiones colectivas en bienes tangibles, que ha provocado esta situación". De la misma manera señaló que se había demostrado por la Administración "una total falta de compromiso, desviando al atención hacia las comunidades autónomas y las asociaciones de consumidores".

El responsable de Ausbanc presentó un decálogo de medidas para los afectados. Entre otras cosas, reclamó que se suspendan las obligaciones fiscales de éstos respecto a estos productos. La creación, "con los máximos recursos disponibles", de un juzgado específico es otra de las exigencias de esta asociación, así como la garantía de un juicio rápido. El delegado de Ausbanc-Córdoba recalcó la prioridad de que los afectados sean "los primeros en recuperar sus inversiones" así como de que se prevea la posibilidad, "al igual que ocurre con los fondos de garantía, de que éstos puedan ceder los derechos de crédito al Estado". En la misma línea se solicita apoyo psicológico y que las ayudas sean concedidas a los afectados y no a los colectivos.