La comisión que ha investigado la gestión urbanística de Córdoba ha terminado su trabajo. Los comisionados de los tres grupos municipales se reunieron ayer por última vez antes de llevar al Pleno del próximo jueves cada uno sus propias conclusiones, aunque no sería de extrañar que continuaran las conversaciones entre ellos con la idea de llegar a un acuerdo casi improbable (por no decir imposible).

Durante el desarrollo de los trabajos de la comisión se ha puesto de manifiesto una vez más que hay más cosas que separan las relaciones entre IU y PSOE que las que les unen. No sería de extrañar que al término de la investigación el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Andrés Ocaña, agradeciera de alguna forma al portavoz del PP, José Antonio Nieto, el talante que ha mostrado en la comisión (y eso que fue el PP quien la solicitó), lo que de ninguna forma ocurrirá con el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, que, con una intervención durísima en el Pleno, provocó que se revisara la gestión urbanística.

IU y PSOE han tratado de buscar un acuerdo. Para ello han mantenido encuentros fuera de la comisión e incluso Ocaña optó el pasado viernes por no participar en la penúltima sesión para facilitar el acercamiento. Pero fue imposible.

Los contactos continuaron después con Francisco Tejada, José Antonio Cabanillas y Rosa Candelario por parte de IU frente a Hurtado, María Angeles Luna e Isabel Ambrosio, vicesecretaria general del PSOE cordobés, por parte socialista.

Muchos contactos, físicos y telefónicos, para no acordar nada, pues ambas formaciones de izquierdas discrepan sobre las medidas cautelares que la Gerencia de Urbanismo ha aplicado o no en algunos casos de obras que no disponían de los pertinentes permisos municipales, como es el caso de las construcciones en la Carrera del Caballo--2, que "no cuentan con los instrumentos de planeamiento definitivamente aprobados, ni con licencia de obras", dice el secretario de la comisión en un informe. Este es el escollo que separa a IU y PSOE: las medidas cautelares.

Mientras que IU mantiene que se aplicaron en aquellos casos en que se les puso a la firma por parte de los técnicos, desde el PSOE se asegura que no se aplicaron esas medidas (suspensión, precinto, retirada de maquinaria y materiales, multas coercitivas y envío de las diligencias urbanísticas al ministerio fiscal) en algunos casos que coinciden con el mismo promotor inmobiliario. Parece que ninguna de las dos partes va a ceder.