Los propietarios de viviendas de protección oficial de Córdoba no están dispuestos a callar ante la nueva ley promulgada por la Junta de Andalucía y que consideran injusta. Días pasados, alrededor de 300 personas mantuvieron una reunión para organizarse, nombrar a un grupo de coordinadores de zona y recoger firmas, que esta misma semana se presentaron junto a las de otras provincias ante el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica.
´REDENCION DE PENA´ Entre sus principales reivindicaciones, figura la exigencia de que la Junta descalifique las viviendas de protección oficial de forma automática a los 15 y no a los 30 años.
Según Jesús Fernández, coordinador de la Asociación de Propietarios de VPO en Córdoba, "queremos la redención de nuestra pena porque consideramos que si una persona vive 15 años en un piso y luego lo quiere vender no está especulando con ella, y se supone que la ley está luchando contra el fraude, no contra la posibilidad de que una persona pueda cambiar de piso si lo necesita".
En opinión de los afectados, "el precio que ofrece la Junta es irrisorio si tenemos en cuenta que una VPO comprada en 1990, por ejemplo, costaba casi lo mismo que uno de renta libre y ahora, con esta ley, uno de renta libre puede costar 20 o 30 millones más que una VPO". Jesús Fernández asegura que al menos un 30 por ciento de la población de Córdoba y provincia está afectada por este problema, que "ha paralizado todo tipo de compra-ventas porque ni siquiera existe un reglamento para aplicar la ley, lo que impide cualquier operación".
