Los representantes de IU y PP en el consejo rector de la Gerencia de Urbanismo sacaron ayer adelante el plan especial Carretera de Palma del Río, que afecta a una amplia superficie rural al Oeste del barrio de Las Palmeras con múltiples instalaciones en vías de legalización, siendo las más llamativas las grandes naves irregulares tras la antigua Colecor por las que se ha expedientado a la empresa de Rafael Gómez Arenal 2000.
La aprobación definitiva del plan se realizó con los informes contrarios de las delegaciones de Obras Públicas y Cultura, que aunque no son vinculante presentaban argumentos "demoledores", según definió el concejal del PSOE Antonio Hurtado.
Por ejemplo, se recuerda que se trata de una zona de especial protección y que en vez de un plan especial hay que proceder a un cambio del PGOU, mientras que Cultura considera que parte del plan afecta al Bien de Interés Cultural de Medina Azahara, por lo que estaría en el mismo caso de las parcelaciones irregulares con las que la Consejería se muestra inflexible. Según Obras Públicas, además, el plan especial se atribuye unas competencias muy por encima de lo que permite la Ley del Suelo, atribuyendo usos a parcelas, permitiendo un alto consumo de suelo y favoreciendo "tensiones urbanísticas" que pueden propiciar viviendas irregulares.
Ante estos razonamientos, los representantes socialistas se abstuvieron en la votación, después de proponer dejar sobre la mesa este punto del orden del día y constituir una comisión entre técnicos de la Junta y de la Gerencia de Urbanismo para limar diferencias entre las dos administraciones competentes en materia de urbanismo en Córdoba. Eso sí, habrá una nueva oportunidad de debatir el plan especial, cuando el documento llegue al Pleno para su ratificación final.
En todo caso, la propuesta del PSOE para que el plan se quedase encima de la mesa quería evitar lo que ya es el mayor desencuentro de los últimos años entre la Junta y el Ayuntamiento en un procedimiento urbanístico, como ayer mismo reconoció el propio delegado de Obras Públicas, Francisco García, que mostró su decepción por el acuerdo de la Gerencia de Urbanismo, y recordó que "la Junta decidirá las siguientes actuaciones cuando se le remita desde el Ayuntamiento el acuerdo, siendo consecuente con lo que ha argumentado al respecto".
