La Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta en Córdoba ha tramitado en lo que va de año diez expedientes de menores que agredieron a sus padres, una cifra similar a la del año anterior.
La titular de este departamento de la Administración autonómica, Soledad Pérez, matizó que "no existe un perfil único del menor" que maltrata a un adulto de su entorno familiar, pero suele ser "un varón, de entre 13 y 16 años de edad, hijo de separados y que está bajo la tutela de la madre", siendo ésta generalmente la víctima, aunque se han dado algunos casos en que la agredida es la nueva pareja del padre. Además, tampoco existe unanimidad en la clase social, repartiéndose este tipo de causas entre todos los estamentos.
Estos datos corroboran el informe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que se destaca que en el 100 por 100 de los casos sometidos a un muestreo del año 2003 --el único hasta ahora editado-- el agresor es el hijo y en el 85,7 por ciento de los casos la víctima es la madre.
Pérez también señala que el teléfono de Atención a la Infancia ha recibido 45 llamadas este 2005 y diez de ellas se enmarcan en este apartado.
Según ha comprobado la Fiscalía del Tribunal Supremo, los agresores suelen ser chicos, que maltratan sobre todo a la madre. Esta trata de ocultar el hecho para evitar el enfrentamiento entre el padre y el hijo, lo cual explicaría el bajo número de denuncias que se presentan.
Ya en el plano psicológico, sólo un 10 por ciento de estos menores son casos patológicos o bien han experimentado algún tipo de violencia física o psíquica en su hogar.
El Observatorio de la Violencia Doméstica destaca a este respecto que algunos de los factores de ataques de hijos a padres se deben a un excesivo tiempo de ocio, la extremada flexibilidad de los progenitores y el abuso de las drogas, que comienzan a consumirse a edades cada vez más tempranas, lo que lleva al menor al descontrol. Así, los adolescentes reclaman a los mayores más paga o poder llegar más tarde a casa.
De otro lado, en la memoria de la Fiscalía de Menores de Córdoba del 2004 se menciona "el aumento de delitos o faltas en el ámbito familiar, habiéndose incoado 30 expedientes por este delito" que llegaron a juicio. En estos casos se impone normalmente una medida de convivencia con grupo familiar o educativo, sacando al menor del ámbito familiar, o bien libertad vigilada con la intervención de los equipos de tratamiento familiar. Sólo en casos excepcionales se solicita el internamiento.
El seguimiento de este tipo de asuntos lo llevan a cabo educadores y psicólogos especialistas de la Junta de Andalucía. La medida más impuesta es de la prestaciones en beneficio de la comunidad, seguida de la libertad vigilada y otras que incluyen los centros de día y tareas socioeducativas, como la de someterse a un curso formativo laboral a través de escuelas taller o casas de oficio.
