La política municipal de inmigración, que tuvo su punto álgido el 19 de febrero pasado con la expulsión del cámping de 31 rumanos y la muerte poco antes de un niño alojado en unos locales de Moreras --hechos que provocaron las protestas de las ONG y un rosario de reuniones entre estos colectivos y las tres administraciones-- se ha ido desinflando hasta el punto de que el plan de integración acordado por el Pleno del Ayuntamiento cordobés en enero sigue estando en el aire al día de hoy, cuando ya han pasado casi cinco meses.
El Consejo Local de Inmigración, en el que están representados los grupos políticos de Izquierda Unida, PP y PSOE, CECO, UGT, Cruz Roja, Cáritas, la Federación de Asociaciones de Vecinos y las ONG, no ha sido convocado desde hace tiempo, y más de un colectivo teme que tras la Feria, que ha atraído a numerosos grupos de extranjeros dedicados a la mendicidad, el fenómeno vuelva a repetirse y se produzcan nuevos asentamientos y los consiguientes desalojos.
El más sonado de estos levantamientos lugar el verano pasado en la zona de Poniente, junto a la factoría de ABB, una vez acabadas las campañas de recolección agrícola y quedarse estos extranjeros sin trabajo.
Esa parte de la ciudad es la preferida por los rumanos para levantar sus tiendas de campaña, pues en noviembre del año pasado varias familias volvieron a instalarse junto a la fábrica de transformadores. El último desalojo se efectuó en enero y poco después la Policía Local impidió un asentamiento junto al hospital Reina Sofía.
A LA ESPERA Mientras tanto, la casa de acogida para transeúntes, situada en Campo Madre de Dios, está acabada a la espera de que el Ayuntamiento recepcione la obra y que la delegación municipal de Servicios Sociales dote de equipamiento las instalaciones. Desde el PSOE se ha reclamado que el centro abra sus puertas cuanto antes.
Esta iniciativa no es la única que contemplaba el plan, del que la oposición asegura que no tiene siquiera el borrador. También se aprobó la creación de una oficina de ayuda y plazas de intermediarios sociales para facilitar la integración y el acceso al trabajo de los inmigrantes, una figura de la que ya dispone el Ayuntamiento de Priego, si bien en Córdoba se desconoce cuándo estarán funcionando.
Por último, cabe recordar que Ayuntamiento, Junta y Gobierno llegaron en enero a un acuerdo para coordinar recursos y aplicar un plan específico para los rumanos, "que deberá concretarse en las próximas semanas", según dijo la edil de Cooperación, Inés Fontiveros.
