Los últimos días del proceso de normalización de inmigrantes, que termina hoy, han sido duros e intensos tanto para los inmigrantes como para las ONG y las administraciones públicas que deben tramitar sus documentos. La admisión de los certificados por omisión (que prueban la estancia en España de los inmigrantes en sustitución del empadronamiento) desde el pasado 18 de abril ha hecho que muchos extranjeros se sumen al proceso en su recta final, y las ONG denuncian que "no ha habido suficiente tiempo".

Hasta el jueves, la Tesorería General de la Seguridad Social en Córdoba había recibido 2.920 solicitudes de regularización, de las que 2.817 fueron admitidas a trámite, y además los trabajadores de este servicio ha facilitado información a 3.757 personas, según la Subdelegación del Gobierno. De los casi 3.000 expedientes presentados, 912 ya han sido resueltos y en su mayoría son positivas.

Para los que se han sumado a última hora, las Administraciones amplían hoy el horario de atención de sus oficinas. Así, la Tesorería de la Seguridad Social estará abierta de forma ininterrumpida desde las 9.00 hasta las 21.00 horas con todos los efectivos disponibles. Además, la Oficina de Registro de la Subdelegación del Gobierno abre sus puertas desde las 20.00 hasta las 24.00 horas, para acoger a los más tardíos. En la misma línea, las oficinas del Ayuntamiento en Gran Capitán también abrirán hoy de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas, para facilitar la documentación a quienes no la tengan aún.

A pesar de estos esfuerzos finales, entre 3.000 y 4.000 inmigrantes residentes en Córdoba se quedarán sin papeles, en muchos casos por la falta de tiempo para culminar los trámites, según denuncia Mikel Araguás, director de la Asociación Pro Inmigrantes de Córdoba (APIC), que critica que no se haya ampliado el plazo tras el cambio en los documentos exigidos. Cristina Pedrajas, presidenta de Córdoba Acoge, coinciden en señalar que "nos ha faltado tiempo, en los últimos días estamos desbordados, no ha habido días para tramitar todos los documentos y ha habido mucha rigidez para admitir algunos papeles para probar la estancia".

INTENTOS DE FRAUDE Conseguir los certificados de penales ha sido un obstáculo para los que no los tenían ya y sobre todo para los inmigrantes que procedían de países sin consulado en España, destaca Angeles Marco, vocal de inmigración de la Asociación Pro Derechos Humanos en Córdoba, quien señala que "muchas personas se han quedado fuera por trámites burocráticos". También se han detectado intentos de fraude (se vendían contratos de trabajo por entre 300 y 600 euros, según Cristina Pedrajas) y se culpa a empleadores de despedir a extranjeros para no regularizarlos.

Sin embargo, las tres ONG coinciden en destacar la buena atención recibida en la Tesorería de la Seguridad Social y el Ayuntamiento de Córdoba, mientras que otros ayuntamientos no han sido tan receptivos. APIC, APDH y Córdoba Acoge siguen pidiendo procesos de normalización ordinarios para acoger a las 500.000 personas que quedarán en situación irregular.