Nunca un ayuntamiento ha prometido tanto a los colectivos ciudadanos a la hora de participar en la gestión municipal y en la elección de las obras a ejecutar y, paradójicamente, nunca ha estado más confuso cómo se hará. Esta es la situación que, según confiesan tres tenientes de alcalde, se está intentando aclarar a toda prisa, especialmente después de que en el último Pleno se ratificase el plan del gobierno municipal de determinar, al igual que se está haciendo en el área de Urbanismo, las obras del área de Infraestructuras de aquí a cuatro años.

Si en estos cuatro próximos años Infraestructuras manejará en total unos 5 millones de euros para pequeñas obras en barrios (así puede calcularse a razón de los 1,2 millones de gasto del Presupuestos en el 2003), la cifra se dispara con las inversiones de la Gerencia de Urbanismo, que en cuatro años pueden rondar los 96 millones de euros, unas obras que también se planificarán en consenso con el movimiento ciudadano, recordó ayer el teniente de alcalde de Urbanismo, Andrés Ocaña.

El caso es que el mayor pacto ciudadano que se ha propuesto para Córdoba sobre obras concretas ha coincidido con el más tumultuoso periodo de cambios normativos en participación ciudadana desde la instauración de los ayuntamientos democráticos.

TODO PENDIENTE En primer lugar, la Ley de Grandes Ciudades permite nuevos mecanismos de participación a través de la división de la ciudad en distritos presididos por concejales, pero deja a la voluntad de las corporaciones cómo desarrollar la norma (distribución geográfica de los distritos, funciones, grado de autonomía, presupuesto a manejar, etcétera). Hoy mismo se celebra la primera reunión entre grupos municipales para estudiar cómo aplicar la nueva ley.

Por otro lado, y de acuerdo al compromiso electoral, la teniente de alcalde de Participación Ciudadana, Inés Fontiveros, junto al portavoz del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), Francisco Molina, y el presidente de Al-Zahara, Francisco Nieto, fijarán en breve una propuesta para la reforma del proyecto de Presupuestos Participativos, que "contará con asambleas abiertas y dará cabida a la opinión de los colectivos", recordó ayer Fontiveros. Esta propuesta de debate se analizará en unas jornadas a celebrar, con cierto retraso sobre lo anunciado, a mediados de febrero. El nuevo sistema de Presupuestos Participativos será vital para determinar, si no las obras más urgentes en cada barrio, al menos su prioridad al ejecutarlas. Hay que recordar que en la definición de las actuaciones más necesarias llevan la voz cantante los técnicos municipales, que ya han realizado un informe para Urbanismo con 312 obras a acometer en cuatro años, mientras que Infraestructuras espera conocer un listado similar de sus técnicos en breve, informó ayer la teniente de alcalde Rosa Candelario.

Otro factor que complica la situación es que el CMC, el máximo órgano de participación ciudadana reconocido por el Ayuntamiento y la propia ordenanza que regula la participación están también en pleno proceso de reforma. Para colmo, la Federación de AAVV también está reformando sus estatutos aprovechando que todos los colectivos ciudadanos registrados deben adaptarse antes de tres meses a la nueva Ley de Asociaciones estatal.