La proposición no de ley acerca del reconocimiento de la lengua de signos española (LSE) como lengua natural de las personas sordas, aprobada por el Parlamento andaluz en septiembre, fue uno de los principales puntos de debate en la jornada informativa y divulgativa celebrada ayer por la Asociación Provincial de Sordos y el sindicato de acción social de CCOO. Varios foros destacaron las repercusiones que tiene que administraciones públicas --caso de Andalucía, pionera en esta cuestión-- tengan en cuenta la LSE como tal, aspecto que ayuda a mejorar los servicios que se prestan a estos discapacitados, así como, por extensión, el beneficio que reporta a los intérpretes, trabajadores que no cuentan con una categoría profesional propia, lo cual les perjudica. No obstante, representantes como Ruben Raso, presidente de la asociación de sordos en Córdoba, y Alfredo Gómez, presidente de la federación andaluza, destacaron la necesidad de dotar de más recursos las instituciones, sobre todo en el ámbito educativo, donde explicaron que Córdoba necesita un lugar de educación bilingüe, esto es, lengua oral y de signos, que complemente la formación de niños sordos en los niveles de Infantil y Primaria.