La Junta de Andalucía se ha ofrecido al Consejo General del Poder Judicial para constituirse como punto de coordinación de las órdenes de protección a las mujeres víctimas de la violencia de género. Así lo dijo ayer la delegada provincial de Justicia de la Administración autonómica, Soledad Pérez, quien además incidió en que esta tarea se podría llevar a cabo a través del Servicio de Atención a las Víctimas (SAVA), la delegación de Justicia o del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). Pérez fue más allá y dijo que este trabajo se podría abordar "no sólo por las medidas judiciales sino también por las sociales. Queremos saber también el mes después de la orden de protección si esa mujer ha pedido una renta activa de inserción, si se le ha concedido, si ha podido entrar en un programa...". Asimismo, Pérez avanzó la disposición del gobierno andaluz para adoptar este papel "aunque no venga ninguna cuantía económica detrás y lo tengamos que hacer con nuestros recursos".

Pérez denunció de nuevo, tras inaugurar unas jornadas jurídicas sobre Novedades legislativas para la protección de mujeres víctimas de violencia organizadas por el IAM, la falta de coordinación de las órdenes de protección "al no existir un único punto en una institución donde se lleven todas para ver las medidas a aplicar y el seguimiento de éstas", a lo que añadió que no se había definido "por el Gobierno central, cuál es ese lugar, por lo que cada juez remite a las instituciones que cree que pueden saber del asunto (cuestión en la que estuvo de acuerdo la jueza que expuso una ponencia en las jornadas), pero sin decirnos para qué nos la mandan, qué quieren que hagamos con ellas, qué medidas aplicar, y no hay un seguimiento de la víctima". Fue más allá y reconoció que "no sabemos de todas las órdenes de protección dictadas, tenemos el dato de que son casi 40 por los medios", y se preguntó quién es responsable "si a alguna mujer le ocurre algo". De los juicios rápidos en estos temas, dijo "no ser muy partidaria".

También criticó Pérez que las últimas reformas del Código Penal referentes al maltrato "no han sido consensuadas y ni siquiera han sido explicadas, no entendemos que no estén en una ley con una modificación única". Sobre las reformas se pronunció el fiscal de la Audiencia Provincial Juan Antonio Merlos, quien avisó de que "en concreto la que regula el delito de maltrato no habitual, puede ser peligrosa, porque se puede tratar como delincuente a una persona que ha tenido un suceso episódico". Así, dijo que "la solución no está sólo en el Derecho Penal, ya que la situación ya se ha producido", por lo que apuntó que "el esfuerzo debe ir dirigido antes. Creemos que incrementando las penas no vamos a erradicar los malos tratos; la política de medidas preventivas: educativas, sociales, con un cambio de mentalidad, es clave".

La magistrada del juzgado de instrucción número 6 de Córdoba, Ascensión Miranda, indicó que la publicación de la normativa legal que regula la orden de protección "no ha supuesto más medios para los juzgados y sí mucho más trabajo". De otro lado, la abogada Aurora Genovés abordó en su ponencia los juicios rápidos de casos de violencia de género, que calificó como "un poco difícil, porque una cosa es la intención del legislador y otra que se esté haciendo, por diversas causas como la necesidad de un parte de lesiones, que hay que esperar más, etcétera. La realidad es que sólo un 15 por ciento de las denuncias por malos tratos se están tramitando de esta manera, que es muy poco". La intervención de las Fuerzas de Seguridad del Estado en estos casos fue abordada por el comisario jefe provincial del Cuerpo Nacional de Policía, Federico Cabello de Alba.