El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Córdoba Al-Zahara, Francisco Nieto, mostró ayer su indignación por el anuncio de que la descontaminación de materiales de amianto de Noreña, obra previa e imprescindible para el derribo de la antigua residencia, también ha sido frenada por la Administración central al considerarse, según fuentes municipales, que se trata de parte de los trabajos de demolición para los cuales la Junta no ha pedido formalmente permiso.

Para Nieto, ésta ha sido la gota que desborda el vaso de la paciencia y ayer afirmó que este último conflicto, después de una década de negociaciones, "huele a cachondeo entre las administraciones", particularmente entre la Junta, que tiene cedido el uso sanitario del inmueble e impulsa el plan para demoler el edificio y construir un centro de salud, y la Administración central, ya que la residencia clausurada es de titularidad de la Tesorería de la Seguridad Social. "Urge que los políticos se pongan de acuerdo. Aquí hay dos partes implicadas, la Junta y la Subdelegación del Gobierno, y no hacen otra cosa que tirarse la pelota para que Córdoba pierda", afirma Nieto. El presidente de Al-Zahara, además, anuncia que se convocará una protesta que, en un principio, se planteó dentro de la II Semana del Vecino (del 9 al 14 de diciembre) pero que ahora toma mucha más importancia por el nuevo desacuerdo entre administraciones. "Esto ya huele mucho a cachondeo entre las dos administraciones", resumía ayer el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos.

Igual de indignado se mostró José de la Rica, presidente de la AVV Noreña, que quiere reunirse hoy con Nieto para estudiar si, conjuntamente o en solitario, se acude a la vía penal para denunciar la situación. No se trata ya del abandono de la residencia y de los años de trámites y gestiones de la AVV ante instituciones (Defensor del Pueblo, CES, partidos políticos, Parlamento de Andalucía, etcétera), sino de la alarma existente después de que se argumentara como motivo para derribar el edificio la presencia de materiales de amianto altamente nocivos en caso de dispersarse por la atmósfera. Precisamente este riesgo, desconocido hasta hace meses, lleva a la AVV a pensar que, trámites al margen, paralizar la descontaminación atenta contra la salud de los ciudadanos.