La familia del tractorista José Castell, que falleció en un accidente laboral en la finca Moratalla, está dispuesta "a llegar a donde sea para que se haga justicia", según dijo a este diario Carmen Crespillo, la viuda, y espera que prospere el recurso de amparo interpuesto ante el Tribunal Constitucional. En esta batería de actuaciones se incluye acudir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que revise los distintos procesos del caso y depure responsabilidades.

El abogado Manuel Hidalgo tiene claro que "no se ha aplicado la ley" y recuerda que una de las sentencias culpa a su cliente de su propia muerte, "cuando la empresa debería haber puesto los medios para que esto no ocurriera". Entre los múltiples documentos que se han presentado en las distintas instancias a las que se ha acudido, figura una encuesta realizada por una aseguradora, fechada días después del accidente, en la que queda a la vista que no existe comité de seguridad, ni se han impartido cursos a los trabajadores de los riesgos de las labores que llevan a cabo. Tampoco está designada una persona para ocuparse de la prevención ni existen normas de seguridad.

"Ni siquiera hay un parte del tractor porque la empresa los destruye en el mismo día. Además, tampoco aparece en la relación de vehículos de la empresa", asegura el letrado.

Castell, empleado de la sociedad Agrisa, murió el 16 de junio de 1999 cuando se encontraba manejando una niveladora en la finca Moratalla, en el término municipal de Posadas, bajo la supervisión de un encargado y un perito agrícola. La máquina volcó y atrapó al conductor, que murió poco después en Reina Sofía. El juzgado de Posadas falló una indemnización de 27 millones de pesetas, pero Agrisa recurrió. A pesar de un acta de infracción de prevención de riesgos laborales de la Seguridad Social, en la que se dice que el trabajador no recibió formación específica, el caso pasó por el juzgado de lo Social número uno de Córdoba, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Supremo, que fallaron contra Castell.