El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha admitido a trámite la denuncia realizada el pasado mes de octubre por Blanca Ciudad Imedio, trabajadora social del Ayuntamiento de Córdoba en la zona de Palmeras, sobre la situación en la que están viviendo 33 menores de barriadas marginales de la capital cordobesa de la que Diario CORDOBA informó en exclusiva. En su escrito, Chamizo expone que la denuncia reúne, en principio, los requisitos establecidos en la ley reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz. El responsable de esta oficina responde a Blanca Ciudad que "en consecuencia procedemos a iniciar las actuaciones ante los organismos administrativos correspondientes para investigar los hechos que motivan su reclamación".

José Chamizo señala que "hemos solicitado los informes necesarios ante la Delegación de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía para poder conocer todos los datos precisos que afectan a la cuestión planteada en su escrito", información que una vez sea recibida procederá a analizar el defensor.

La Fiscalía de Córdoba, a la que llegó también la denuncia de esta trabajadora social, responde que "a raíz de su comparecencia en esta fiscalía para aportar documentación relativa a determinados menores respecto de los que, a su juicio, el Servicio de Infancia y Familia (SAFI) (dependiente de la Delegación de Asuntos Sociales) había actuado negligentemente, le ha comunicado la situación de internamiento de uno de estos menores antes incluso de que la noticia saltase a los medios de comunicación".

Añade la Fiscalía que la tardanza de casi un mes del ingreso de este menor en concreto se debe, según comunicación del propio SAFI a la Fiscalía, a que fue necesario localizar al niño porque apenas vivía en su domicilio.

Sin embargo, la Fiscalía manifiesta, respecto del resto de casos de menores, "que en el ejercicio de las funciones que se encomiendan al Ministerio Fiscal de control y vigilancia de la actuación de la Administración pública en esta materia en concreto, se ha procedido a contrastar toda la información y mandar los oficios correspondientes al SAFI a fin de que se adopten las medidas oportunas, en su caso".

ANALISIS Según pudo saber este periódico, la Delegación de Asuntos Sociales está analizando los expedientes de los menores a los que afecta la denuncia. Tres de estos menores habrían sido entrevistados ya y han sito citados para una actuación similar otros seis. Estas mismas fuentes afirman que dos de los casos fueron retirados, uno en agosto y el otro hace más de una semana.

En su denuncia, Blanca Ciudad acusa de "negligencia" al Servicio de Infancia y Familia al entender que no se está velando por el cumplimiento de las leyes, que están amparando "situaciones de abandono, maltrato" y que la aplicación de las mismas "evitaría la inducción a estos menores a la delincuencia". Casos de prostitución infantil, homicidios frustrados, absentismo escolar y delincuencia juvenil conforman el grueso de los once casos que Ciudad ha especificado en sus denuncias y apunta que estas "negligencias manifiestas, ocultación de informes, no investigación de hechos que han sido puestos en conocimiento y la no reiteración del seguimiento de los acogimientos familiares hacen que muchos niños de Córdoba estén sufriendo un maltrato infantil y una ausencia total de sus derechos".