Las nuevas políticas comunitarias de agricultura sostenible responden a la concienciación social del daño que causa a los recursos agrarios el exceso de uso de los tradicionales métodos de protección de los cultivos, basados en elementos químicos que, si bien son eficaces para combatir las plagas y los hongos que atacan a las plantas, afectan a largo plazo a la calidad de los terrenos y de los alimentos que genera la agricultura. Promovido por las administraciones, este nuevo marco de requisitos para fomentar la sanidad en los cultivos exige soluciones en demanda de la alarma social creada en la última década, que interfiere directamente en la forma de trabajo de los agricultores: particularmente en Andalucía tienen una gran trascendencia debido a la sustancial aportación a la economía de la región de las producciones de los olivos, el algodón o el girasol, entre otras, que son especialmente sensibles al contagio de los agentes patógenos.

Sin embargo, no este el único sector que tiene que adecuarse a las modificaciones propuestas por este nuevo modelo engendrado por la política de desarrollo sostenible. La actividad investigadora también ha desarrollado nuevas vías de estudio en el campo de la agricultura, como manifiesta el ejemplo del grupo del Plan Andaluz de Investigación (PAI) denominado Sanidad Vegetal , integrado entre los equipos investigadores de la Universidad de la UCO, y que cuenta también con la financiación de otros organismos para la realización de sus numerosos proyectos.

CONTROL DE LA PRODUCCION

El objetivo global del trabajo de este colectivo, que dirige el reconocido catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y Montes (Etsiam) de la UCO Rafael Manuel Jiménez Díaz, consiste esencialmente en buscar soluciones a los agricultores para que sus cultivos cumplan con las exigencias de las administración y se inserten en el esquema de la agricultura sostenible; dicho de otra forma, ayudarles a desarrollar lo que los expertos etiquetan como control integrado de la producción.

Las nuevas normas de la Unión Europea a este respecto acabarán antes de finales de este año con aproximadamente el 30 o 40 por ciento de las materias activas que se utilizan hoy en día en la lucha contra la acción de las enfermedades de las plantas, producidas principalmente por diversos tipos de hongos. Ello provoca una situación en la que los agricultores andaluces y los de otras comunidades requieren de alternativas a estos productos para proteger su cosechas sin vulnerar las actuales normativas, y esas soluciones deben pasar necesariamente por los laboratorios, que deben analizar las factores que afectan a cada caso concreto. De hecho, como comentó recientemente Jiménez Díaz en una entrevista publicada en la revista especializada Phytoma , "el desarrollo de enfermedades en los cultivos de plantas es consecuencia de interacciones complejas entre componentes del patógeno, de la planta y del ambiente".

ACCION PREVENTIVA

La principal gama de propuestas de este grupo se compone de estrategias no químicas. En concreto, se trata de una serie de medidas de prevención recogidas en los llamados Programas de Control Integrado de Enfermedades (CIE), y que configuran un reguero de actuaciones que van desde la elección de suelo de cultivo libre de la plaga o con la menor cantidad posible de ella, la utilización de material vegetal no contaminado, o la modificación de las prácticas de cultivo para evitar condiciones demasiado favorables para el desarrollo de la enfermedad. Algunas de estas alternativas pueden encontrar su razón de ser en un simple cambio en la decisión de la estación del año elegida para la siembra respecto a aquella en la que habitualmente se realiza un determinado cultivo, por ejemplo el del garbanzo.

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