Cinco días, hasta el próximo martes, tendrá que esperar la pareja de rumanos para conocer la sentencia del juicio en el que se les acusa del presunto intento de la venta de su hijo la semana pasada al jefe de la Policía Local de Posadas, Carlos P. En el juicio, que quedó ayer visto para sentencia, compareció la única testigo que faltaba, Dolores P., dueña del bar Casa Antonio de Posadas, en el que se conocieron la pareja y el policía. La responsable de este establecimiento no supo determinar si el gesto de dinero que la mujer le hizo a Carlos P. era para vender a su hijo, aunque ante la insistencia del fiscal admitió que "pensé que se lo quería vender". La responsable de este establecimiento manifestó que el jefe de la Policía Local le preguntó "¿eres capaz de vender al niño?" y que la rumana le respondió: "mi marido", y después fue a buscarle.

Tras esta conversación, Dolores P. dijo que tanto ella como el policía se quedaron sorprendidos, pero que el agente no habló en ningún momento de darles un trabajo. "A mí me pidieron un bolígrafo y una libreta y sé que Carlos P. habló varias veces com compañeros suyos por teléfono", añadió la testigo.

En su informe, el fiscal elevó ayer de nueve a once meses de cárcel la pena que solicita para los acusados, ya que ha tenido en cuenta que en este caso se da la agravante de parentesco. "Es grave que alguien intente vender a un niño, pero lo es más si es su propio hijo", precisó. El representante del Ministerio Fiscal mantuvo que se le retire la patria potestad de su hijo a esta pareja durante tres años porque se ha producido un delito de alteración de la paternidad mediante precio. El bebé de un mes está bajo la tutela de la Junta.

INFORME DEL FISCAL

El fiscal expuso que "la madre del niño, Olga R., sabía lo que estaba haciendo cuando realizó el gesto de pedir el dinero porque también ha sido interpretado por la dueña del bar", acción confirmada por el policía, incluso desplazándose al campamento donde vivía el matrimonio en Córdoba, y destacó que el padre del niño no es analfabeto y pudo entender los términos del documento de presunta venta que se elaboró en el bar, ya que son muy parecidos los términos recogidos en el mismo en rumano y castellano. El fiscal mantuvo que no existe delito provocado, "ya que no nos encontramos ante un agente encubierto, puesto que éste mostró su placa de policía desde el principio y no los detuvo hasta que se aseguró de que intentaban consumar el delito".