La pareja de rumanos, formada por Florea N. y Olga R., de 21 y 19 años respectivamente, acusada de intentar vender a su hijo de un mes por 100.000 euros al jefe de la Policía Local de Posadas, negó ayer este extremo en un juicio rápido que se celebró en la Audiencia y alegó que creía que el agente se había ofrecido a darles un trabajo. La madre del bebé, niño que está bajo la tutela de la Junta, no paraba de golpearse con los puños en el pecho durante el juicio y llegó a decir al juez que "si no le daban el niño" se mataba, haciendo con la mano el gesto de cortarse el cuello. Por la persistente actitud de la mujer, el titular del juzgado de lo Penal 2 manifestó que no estaba dispuesto a que el juicio se convirtiese en un espectáculo, ya que hubo un momento en el que ésta se arrodilló para suplicarle. La pareja insistió en que ellos no firmaron ningún documento, incluso Florea N. exclamó "¡Cómo podemos vender a nuestro primer hijo!", pero reconocieron que el agente les dijo que era policía.
Por su parte, el jefe de la Policía Local de Posadas, Carlos P.B. declaró que la mujer llegó con el niño al bar Casa Antonio de Posadas y que la invitó a un bocadillo porque decía que su marido no estaba en España y que mientras se lo comía le sujetó al pequeño. El agente aseguró que la mujer le dijo que si quería al niño, que ella le hizo el gesto del dinero con los dedos y que en ningún momento se ofreció de intermediario para darles un trabajo ni quería él comprar el bebé. Carlos P.B. manifestó que cuando entró en el bar el padre del niño se sacó un papel, que el policía ahora no encuentra, en el que ponía "cienemil", y después le concretó Florea N. que el precio del niño era 100.000 euros e incluso éste le firmó un documento. Los hechos los consultó con la Guardia Civil de Palma del Río porque no sabía cómo actuar y por este motivo quedó con la pareja para el día siguiente y no los detuvo en ese momento como era su intención. En el juicio se expuso lo parecidos que son los términos "venta" y "menor" en rumano y castellano. El juicio seguirá mañana con el testimonio de la dueña del bar. El fiscal pide para los dos rumanos una pena de nueve meses de prisión y la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por un periodo de tres años como presuntos autores de un delito de alteración de la paternidad mediante precio en grado de tentativa. Por su parte, la defensa reclama que se produjo un delito provocado.
