El titular del Juzgado de lo Social número 3 de Córdoba, Arturo Vicente Rueda, ha dictado sentencia en la que declara la falta de jurisdicción de su juzgado para atender la demanda interpuesta por el sindicato provincial de Administración Pública de la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la empresa municipal de cementerios (Cecosam) en la que pedía que se anulara la convocatoria para cubrir 40 plazas de trabajadores de esa sociedad. En el fallo, el juez desvía el asunto hacía el juzgado de lo contencioso--administtrativo. Para ello, entre otras consideraciones jurídicas, hace suyo un fallo de la sala tercera del Tribunal Supremo que en julio del 2002 entendió que "ante la actuación de una sociedad anónima municipal cabe interponer recurso contencioso--administrativo contra un acto de desestimación presunta del alcalde, en su condición de presidente de la sociedad".

Así resuelve el juez la demanda interpuesta por la CGT en la que pedía que se anulara la convocatoria a la que se presentaron 8.500 aspirantes para cubrir 40 plazas de trabajadores de la empresa de cementerios a fin de que estableciera un nuevo sistema de puntuación respecto de las pruebas selectivas de la oposición o, subsidiariamente, se suprimiera la entrevista personal.

Y aun sin entrar en el fondo del asunto por no ser de su jurisdicción, el juez sí se para en algunas observaciones que se hicieron en el transcurso del juicio oral en cuanto a las referencias sobre las relaciones personales o familiares existentes entre un considerable número de aspirantes a los que se les adjudicaron varias plazas y ciertas personas allegadas a los sindicatos UGT y CCOO o al mismo Ayuntamiento de Córdoba, "relaciones reconocidas por el mismo interesado".

Tampoco pasa por alto lo que el considera "la sorprendente decisión de la comisión de selección de premiar a todos los aspirantes con cierta puntuación para el caso teórico, decisión que, bajo el aparente manto protector del principio de igualdad de trato, ha podido incidir en el proceso selectivo provocando que opositores que no hubieran alcanzado el mínimo en dicha prueba, siguieran adelante en el proceso e incluso llegaran a obtener la plaza sin méritos para ello". A este repecto, el presidente de Cecosan, el concejal Francisco Cárdenas, dijo ayer que "el juez no se ha enterado del asunto", pues, según manifestó, se premió con tres puntos a todos los candidatos por tres preguntas que pudieran inducir a la equivocación. "Esos puntos se añadieron sin abrir los sobres de los participantes".