La comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha dictado esta semana una resolución en la que lanza una severa advertencia a los ayuntamientos por obstaculizar la instalación de antenas de telefonía en sus municipios y les aconseja que no sean extremistas en sus normativas porque "la regulación municipal no puede infringir la legislación de telecomunicaciones ni suponer una limitación absoluta o excesiva a la actividad de los operadores".
La CMT contesta de este modo a una pregunta de la Asociación Nacional de Industrias Electrónicas y de Telecomunicaciones (Aniel), en la que la patronal destacaba la ralentización en la instalación de antenas y planteaba distintas preguntas sobre las competencias de las administraciones locales y autonómicas a la hora de imponer restricciones.
POSIBLE DEROGACION
Este puede ser un primer paso para que las ordenanzas municipales o normativas autonómicas restrictivas con la instalación de antenas, como la aprobada en noviembre por el Pleno municipal de Córdoba, sean derogadas por los tribunales a instancias de las propias operadoras o del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
La resolución de la CMT admite que la Ley General de las Telecomunicaciones reconoce algunas competencias a los ayuntamientos para imponer determinadas condiciones a las operadoras en materia de protección del medio ambiente o de respeto a criterios urbanísticos. Sin embargo, la comisión señala que esta intervención "no está exenta de limitaciones" ya que hay que respetar criterios de la ley estatal como "la libertad comercial, la necesidad de promover nuevos servicios o los derechos de los operadores a desplegar sus redes".
PROPORCIONALIDAD
Por eso pide a los ayuntamientos que no sean extremistas y apliquen "el principio de proporcionalidad" en sus normativas y, en cuanto a la cuestión urbanística, la CMT recuerda a las entidades locales que "frente a restricciones absolutas caben soluciones intermedias como la ocultación o mimetización".
En materia de límites de exposición y de las emisiones radioeléctricas con vistas a la protección de los ciudadanos, la comisión recuerda que ya existe una normativa estatal "que determina las restricciones que deben respetarse para garantizar unas condiciones sanitarias óptimas", al tiempo que señala que el Ministerio de Ciencia y Tecnología es el órgano competente para controlar que estas normas se cumplan.
