Se precisan chicas de alterne muy cariñosas

Redada en el club Eróticas Goya . Son las 23.15 horas del 27 de septiembre del 2001 y un importante número de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y miembros de la Inspección de Trabajo comienzan a registrar el local y a identificar una a una a todas las chicas que ejercen la prostitución. El trabajo concluye siete horas más tarde y el resultado es sustancioso : detenidas la propietaria del local y 38 mujeres inmigrantes que o bien no estaban dadas de alta en la Seguridad Social o bien no tenían permiso para residir en España. Esta redada ya supuso un fuerte varapalo para la policía al archivar el juez las diligencias penales al no haber indicio de delito. Pero esta redada ha desencadenado también cuatro procedimientos judiciales más por las fuertes sanciones a que se enfrenta ahora la propietaria del local, que ascienden a más de 26 millones de pesetas. De esta única redada hay abiertos procedimientos en un juzgado de lo Social, dos en los contenciosos-administrativos y uno más en la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA.

En concreto, la policía y los inspectores de trabajo localizaron en el club a 12 chicas que por ser nacionales o extranjeras habilitadas podían trabajar, pero no estaban dadas de alta en la Seguridad Social (la multa es de 50.000 pesetas por cada una de ellas). Además, fue localizada otra extranjera con permiso de residencia, pero no sólo no estaba dada de alta, sino que ésta percibía el subsidio de desempleo --a la propietaria le costará 600.000 pesetas y la declaran responsable civil subsidiaria si la chica no paga su sanción--. El grupo más numeroso lo conforman las 25 mujeres inmigrantes que ni contaban con tarjeta de residencia ni de trabajo y la sanción para la dueña del club supera los 25 millones de pesetas.

El abogado de la propietaria del club, Guillermo Sojo, asegura que durante las siete horas que duró la inspección los inspectores de trabajo no reflejaron en ningún momento que en el local se ejerce la prostitución y en sus anotaciones se refieren a las chicas con la expresión de "camareras de alterne". Sojo indicó que, aunque estas mujeres inciten a los clientes a consumir bebidas, lo más lucrativo para ellas son los pases y que "esto se llama prostitución".

En vista de que los inspectores de trabajo únicamente se refieren a las chicas como camareras de alterne, Sojo acudió a las oficinas del Instituto Nacional de Empleo el pasado 31 de julio y cumplimentó la ficha para reclamar dos camareras de alterne. ¿Requisitos? "Que sean guapas, simpáticas, amables y muy cariñosas con los clientes".

NO HAY TRABAJADORAS

La respuesta por escrito del INEM no se hizo esperar. El subdirector provincial de Empleo y Formación del Instituto Nacional de Empleo en Córdoba, Emilio Flores, contestaba al letrado que "consultada la Clasificación Nacional de Ocupaciones del INEM/1994 la ocupación de camarera de alterne no aparece recogida en dicha C.N.O.".

En opinión de Guillermo Sojo, la Administración "no es consecuente", puesto que el INEM estima como condición indispensable para emplear a un extranjero que no haya trabajadores españoles o legalmente establecidos en el país para el puesto que se desea. "Si se nos dice que ese puesto no existe ¿cómo vas a multar por trabajar sin papeles?", explica el letrado.

Sojo asegura que si los inspectores de trabajo no se refieren a estas mujeres como prostitutas es porque, de lo contrario, "estarían abriendo una brecha para la entrada masiva de mujeres que llegarían a España con el único fin de inscribirse en el INEM buscando trabajo como prostitutas", lo que supondría que "automáticamente se les tendría que conceder la tarjeta". Sin embargo, matiza, "la Administración es capaz de sancionar y de reclamar importantes cantidades de dinero por las mujeres extranjeras que trabajan o que tratan de buscarse la vida en nuestro país". Admitir el oficio supondría que habría que otorgar a estas mujeres una categoría profesional, aplicarles un convenio, retribuirlas con pagas extraordinarias, días de vacaciones y pluses. Para el letrado cordobés, esto demuestra "la doble cara de la Administración". A lo máximo que llegaría el Estado sería a darlas de alta por cuenta ajena, pero nunca por cuenta propia. Esto, en opinión del letrado, sería incurrir en un delito porque "el empresario, en defensa de sus intereses, se vería obligado a inducir a las mujeres a prestar un servicio con determinados clientes" y no como sucede en la actualidad, que "las mujeres acuden, al menos a este local, de manera voluntaria; cuando quieren van y cuando quieren se marchan".

En este sentido, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 ya archivó las diligencias penales al entender que en el local Eróticas Goya no se cometía delito. "Aunque constan indicios serios de la dedicación del local a la práctica de la prostitución, lo cierto es que no se cuenta con indicio alguno ni testimonio que permita siquiera sospechar la imposición de la situación de prostitución de ninguna de las mujeres, ni el engaño ni aprovechamiento de su situación de irregularidad para su explotación laboral", argumentó el magistrado.