Fiscalía detecta graves anomalías en el centro de disminuidos psíquicos

La Fiscalía especial de Protección del Deficiente y del Enfermo Mental ha detectado diversas irregularidades en la gestión del Centro de Disminuidos Psíquicos Profundos de la Diputación de Córdoba y ha dado a conocer una serie de actuaciones judiciales e investigaciones abiertas para el esclarecimiento de diversas denuncias presentadas por familiares de enfermos.

El fiscal especial, Fernando Santos, inició gestiones de averiguación después de que el pasado 19 de diciembre recibiera una carta anónima --por temor a represalias-- en la que se relataban numerosos acontecimientos de la vida interna del centro. En esta misiva se daba a conocer el fallecimiento en el centro de una niña, por lo que Santos ordenó remitir el escrito anónimo a la Delegación de Asuntos Sociales de la Junta y a la diputada de Bienestar Mental, así como que se determinara la identidad de esta menor. Esta muerte ya estaba siendo investigada por el titular del Juzgado de Instrucción número 4, José Luis Rodríguez, que aún no ha concluido la instrucción.

También el Juzgado de Instrucción número 3 investigó la muerte de otra interna (F.C.A.) tras la denuncia que presentó un hermano, que ya había perdido a otro hermano más años atrás en el centro. Al denunciante se le impidió el acceso al lugar donde se encontraba su hermana hasta que llegó la directora, a la que exigió que se practicara la autopsia de su hermana y la intervención del juez. El procedimiento fue archivado porque se demostró que había muerto por causas naturales, pero la juez dictaba un auto el pasado 4 de julio en el que detectaba "una serie de deficiencias en el funcionamiento del centro" e instaba a que las conocieran los órganos administrativos competentes.

Entre esas deficiencias destacan tres: una, el módulo en el que se encontraba la fallecida tenía que contar con dos vigilantes, pero esa noche, como era habitual, sólo había uno y eso que en ese momento el centro contaba con casi el doble de personal del legalmente exigido; dos, el módulo en el que murió F.C.A. carecía de conexión telefónica con el exterior y para llamar era necesario abandonar dicho módulo; y tres, la cuidadora del módulo carecía de formación o titulación sanitaria.

Una denuncia más: una miembro de la junta directiva de la asociación de padres la presentó por la pasividad del personal del centro en la atención a su hija, que suele negarse a subir al autocar adaptado y tirarse al suelo. La mujer denunciaba que algunos cuidadores se negaban a auxiliarla para subir a la enferma al autobús y que en una ocasión debió pedir ayuda en una frutería, lo que le ocasionó una subida de tensión y que sólo entonces "el conductor del autocar se prestó a colaborar", mientras que los cuidadores alegaban que no tocan a la paciente porque "cualquiera puede pensar que la estamos maltratando". Asuntos Sociales archivó las diligencias informativas en base a la "discrepancia de las versiones", pero pidió que, en colaboración con la familia, se articule un procedimiento de acceso que no violente la dignidad en el trato a la paciente.

La denunciante mantiene que, pese a ello, todo sigue igual, por lo que el Juzgado de Primera Instancia número 4 está tramitando este procedimiento.