Antes de la llegada del coronavirus, Spotify ya era la plataforma de streaming líder con 271 millones de usuarios. Con la pandemia el dominio no ha dejado de crecer. En septiembre ya eran 320 millones en 92 países. Y lo más importante: 144 millones de esos usuarios son de pago. Aunque la tarifa mensual varía según el país, Spotify concentraba en abril del 2020 el 35% de usuarios de pago del planeta. Si tiene tantos clientes y reparte tanto dinero en derechos de autor por sus miles de millones de reproducciones, ¿dónde va a parar tanto dinero?
Semanas atrás, Tristan Jehan, antiguo directivo de Spotify, desvelaba que la plataforma entregaba a las discográficas el 75% del dinero que ingresaba y que de esa cifra solo un 10-15% llegaba al artista. Es un análisis similar al que expuso en el 2018 el New York Times, que también aclaraba que los artistas de sellos independientes podían recibir un 40% y los autoeditados, un 64%. Por eso cada vez más autores prefieren negociar directamente con Spotify.
Una de las principales demandas de músicos y mánagers es la transparencia en el flujo de dinero. Principalmente, los acuerdos que firma Spotify con las discográficas y demás empresas agregadoras de canciones. Pero, antes que eso están los acuerdos que cada artista haya firmado con estos intermediarios. Víctor Amorín analiza en su canal de Youtube Music Radar Clan (con 233.000 suscriptores) la trastienda de la industria musical. Y, en su opinión, el problema es que «los artistas están atascados en unos contratos de publishing que no están pensados para la reproducción, sino para la distribución a gran escala».
¿Es una radio o una tienda?
Las plataformas de streaming operan en un mundo en constante cambio. Tan cambiante, que ni siquiera está claro qué rol desempeña Spotify en la industria musical. Amorín plantea dudas de gran calado: «Podemos pensar que Spotify es un nuevo actor en el canal de distribución de música, pero también podemos pensar que Spotify es el sustituto de la radio. Otra pregunta: ¿el lucro de Spotify está en las reproducciones o en la prestación de un servicio? Parece lo mismo, pero es distinto y tiene una cobertura legal distinta. Si se lucra por la reproducción debería pagar por reproducción, como iTunes al vender una canción. Si se lucra prestando un servicio debería pagar como la radio, que entrega una cifra por todas las reproducciones y luego esta se reparte entre los artistas».
Según Amorín, «aunque las quejas de los músicos sean legítimas, no son ellos quienes deberían determinar qué es Spotify. Esta decisión debe llegar de la Unión Europea con un posicionamiento legal que incluya a Spotify, YouTube, Netflix y otras plataformas». En su opinión, «el gobierno podría ayudar a cambiar la situación. Una nueva directiva de derechos de autor en internet que generase incompatibilidades con los contratos editoriales obligaría a renegociar poco a poco estos contratos. Si no se plantea un marco legal que establezca límites en los contratos de los artistas, será muy difícil arreglar nada», afirma.
«Spotify solo es un canal nuevo, pero el problema de la distribución de la música existe desde hace décadas», insiste Amorín. «Es un coladero de dinero muy complejo de desgranar. Un sistema anticuado e ineficiente con un montón de actores intermedios que hoy no tiene sentido». En Union Of Musicians aclaran que su campaña es parte de una estrategia más amplia: «Multinacionales, empresas de capital de riesgo, Spotify y otras plataformas están íntimamente conectadas y a menudo tienen los mismos dueños. Cuando te enfrentas a uno, te estás enfrentando a todos. Para nosotros, Spotify es el objetivo más claro».
‘Multis’ y grupos inversores
Actualmente, un tercio de la plataforma están en manos de grupos inversores que nada tienen que ver con el mundo de la música. Morgan Stanley es uno; y no es el que más acciones posee. Por otro lado, y más allá del 30% que acumulan sus fundadores, los suecos Daniel Ek y Martin Lorentzon, las empresas con más acciones de Spotify son dos de las tres multinacionales de la industria musical: Universal y Sony. Warner se las vendió en el 2018, pero sigue pactando con Spotify a puerta cerrada el reparto de ingresos y promoción de su catálogo.
Semanas atrás el presidente de la SGAE, Antonio Onetti, declaraba: «Uno de los principales problemas con los que nos encontramos es la falta de control y la opacidad de estas entidades. Necesitamos una legislación que les obligue a tener la máxima transparencia para poder confirmar sus datos e identificar qué se está utilizando realmente en sus plataformas». Transparencia es lo que también reclaman artistas y mánagers.
Futuro aún más negro
Más allá de la presión que puedan ejercer los artistas, el futuro en Spotify pinta más que negro. La plataforma tiene como principal objetivo los podcasts. Spotify acaba de desembolsar 235 millones de dólares por la compra de Megaphone, una plataforma publicitaria que le permitiría insertar anuncios dentro de los podcasts. Una publicidad de la que no tendrá que pagar derechos de autor a nadie: los ingresos serán suyos al 100%.
¿Por qué este cambio de estrategia? Según antiguos trabajadores de la empresa, los ingresos por publicidad apenas han dado beneficios a Spotify. Se sospecha que la plataforma incluso estaría perdiendo dinero. «Hay serias dudas de que Spotify pueda ser viable a largo plazo. Hasta ahora no ha hecho más que perder montones de dinero. Y exigir a una empresa un dinero que no tiene es complicado», señala Amorín sobre la campaña de los músicos.
Habrá que ver si esta nueva estrategia dispara los beneficios. Si no fuera así, tampoco sería grave. En cuanto Spotify anunció su intención de monopolizar el mercado del podcast, su cotización pasó de 24.500 millones de dólares a 47.300. Spotify no funciona como una empresa sino como un valor de mercado. Sus lógicas son otras. Y los músicos quieren defender su futuro ante una plataforma para la que la música puede ser ya cosa del pasado.
