Multinacionales y fondos internacionales se han lanzado a la conquista del sol y el viento de España. Su objetivo, montar macroparques solares y eólicos, algunos de ellos con extensiones equivalentes a cientos y hasta miles de campos de fútbol. La reacción ciudadana no se ha hecho esperar: en muchos rincones del país se alzan voces contra la ocupación masiva de terrenos agrícolas y ganaderos, y surgen críticas por los graves impactos ambientales que provocan estas gigantescas instalaciones. Es el camino contrario al que ha tomado el resto de Europa, donde se fomentan los parques de mediado y pequeño tamaño.
La fiebre eólica y fotovoltaica se extiende ya por Extremadura, Andalucía, Murcia, Aragón, Castilla y León, Euskadi, Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana… Y aunque estas energías figuran en el Acuerdo de París como aliadas contra el cambio climático, sus descomunales tamaños están deteriorando el paisaje natural y afectando a la biodiversidad.
Asociaciones vecinales, grupos ecologistas y sindicatos agrarios ya han manifestado su preocupación. «La proliferación acelerada y desordenada de macroparques solares afecta gravemente al medio rural», alerta Asaja. Y la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), que agrupa a centenares de medianos y pequeños instaladores, denuncia que la Administración fomenta la instalación de estos grandes complejos, en detrimento los parques de tamaño medio y pequeño, que, según subraya, generan menos impacto ambiental y más beneficios para las economías locales.
Las más grandes de España
En España se ubican ya los dos parques fotovoltaicos más grandes de Europa. Son la megaplanta de Usagre (Badajoz), llamada Núñez de Balboa, de 500 megavatios, que ocupa 1.000 hectáreas, una extensión equivalente a unos 1.500 campos de fútbol y casi tan grande como la de la capital pacense; y la de Mula (Murcia), de 495 megavatios, que ocupa una extensión similar a la anterior.
Pero estas dos megainstalaciones pronto se quedarán pequeñas, porque ya se está construyendo otra aún mayor entre Torrecillas de la Tiesa y Aldeacentenera (Cáceres). Se llamará Francisco Pizarro, tendrá 590 megavatios de potencia y ocupará 1.300 hectáreas. Más aún: en Escatrón (Zaragoza) existe un complejo fotovoltaico con nueve centrales que suman 420 megavatios y ocupan 1.400 hectáreas. Y en Guadahortuna (Granada) se construye un macroparque de 375 megavatios que ocupará 1.080 hectáreas y que tendrá 1,1 millones de paneles fotovoltaicos.
En el resto de la Europa continental solo hay otra planta de 300 megavatios, en Francia. Así que España cuenta con cuatro de los cinco parques solares más grandes del continente. Completa el top 5 de mayores parques solares españoles el de La Isla, en Alcalá de Guadaira (Sevilla), que con una potencia de 182 megavatios ocupa 520 hectáreas. España suma 99 grandes instalaciones de generación fotovoltaica: 41 de 10 a 50 megavatios, 52 de 50 a 100 megavatios y seis de más de 100 megavatios. En unos meses se añadirán cuatro instalaciones más de la primera categoría ,13 de la segunda y dos de más 100 megavatios. Y esta tendencia se acelerará en los próximos años, según Anpier, «en una espiral sin sentido desde el punto de vista de las necesidades del país».
Perfecto ejemplo del crecimiento desaforado de los parques solares es que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima establecía como objetivo incorporar 26.134 megavatios de producción fotovoltaica en España entre el 2021 y el 2030, y en la actualidad ya hay una potencia de acceso aprobada de 96.000 megavatios (casi cuatro veces más), y solicitudes que suman más de 200.000 megavatios.
Los beneficios se van fuera
Anpier adivina detrás de todo ese movimiento «una especulación desmesurada de grandes fondos de inversión, que aprovechan las debilidades de nuestras administraciones y la falta de información del ciudadano para implantar superficies casi infinitas de paneles fotovoltaicos».
De tal manera que buena parte del patrimonio solar español será aprovechado por entidades foráneas que no dejarán «ni riqueza ni empleo en nuestros municipios», añade. Y se dará una paradoja: «Los españoles pagaremos la energía a empresas extranjeras, que ofrecerán suministro de nuestro propio sol y en nuestro propio territorio y que se llevarán los beneficios», augura la asociación empresarial.
La alternativa a estos megaproyectos pasa por favorecer a las pequeñas instalaciones de 1 a 10 megavatios, que ocupan de 2 a 15 hectáreas de superficie máxima por proyecto y que conectan con las redes de media tensión ya existentes.
Así se minimizarían los costes del sistema eléctrico y la factura de la luz se reduciría, según Anpier, que exige al Estado limitar la dimensión de las instalaciones, ordenar las localizaciones, favorecer al tejido local y redistribuir la riqueza solar y eólica española.
Asaja subraya que esta «invasión» de macroparques está «expulsando del territorio rural a los agricultores y ganaderos», provocando un «tremendo impacto ambiental» y afectando a la calidad de vida de los vecinos y al turismo rural y de interior.
Esta organización agraria acusa a las autoridades de someter a España a una «burda subasta» y denuncia que el medio rural es sacrificado para abastecer de recursos a las ciudades.
Asimismo, la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara (APAG) ha iniciado una recogida de firma para reclamar que se regule la fiebre de los megaparques solares y evitar la pérdida de tierra agrícola productiva. SEO/BirdLife ha denunciado megainstalaciones en Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
Incluso 23 miembros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) firmaron en diciembre un escrito en la revista Science en el que advertían de la pérdida de biodiversidad que puede causar la construcción de megaparques fotovoltaicos y eólicos, en especial, en lo que se refiere a las poblaciones de aves y murciélagos.
Las empresas promotoras, por su parte, defienden la generación de puestos de trabajo que conllevan estos grandes complejos y sus beneficios para la atmósfera.
Juan Antonio Blanco, representante de Falck Renewables, que proyecta una planta de 420 hectáreas en Sierra de Chiva (Valencia), aseguraba al ente RTVE que esta planta abastecerá a cerca de 80.000 hogares al año «y la reducción de emisiones puede ser de unas 700.000 toneladas anuales». «Queremos ser buenos vecinos. La planta generará 500 puestos de trabajo», añadía. Todas las demás empresas que promueven planta similares ofrecen argumentos similares. El debate sigue abierto.
