Séptima sesión del juicio: Carlos González admite que siguió mandando en el Córdoba CF tras dejar la presidencia

La séptima sesión del juicio contra Carlos González, penúltima antes de que la vista oral quede vista para sentencia, estuvo marcada por las declaraciones de los propios acusados. Tras varias jornadas centradas en testigos y peritos, el foco se trasladó este martes a quienes se sientan en el banquillo, con especial protagonismo para el tinerfeño, máximo accionista y presidente del Córdoba CF entre 2011 y 2018.

En esta sesión comenzaron las declaraciones de los acusados ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba. Intervinieron Carlos González y su hijo Alejandro González, así como Álex Gómez, Andrés Delgado, Javier Jiménez Sacristán y Salvador Sánchez, cada uno relacionado de distinta forma con la entidad durante aquella etapa.

Carlos González defiende la legalidad de su gestión

El primer acusado en declarar fue el propio Carlos González, propietario y máximo accionista del club entre 2011 y 2018. Durante su comparecencia, defendió la legalidad de las operaciones investigadas y sostuvo que tanto él como empresas de su entorno prestaron servicios reales a la entidad durante su mandato.

González comenzó explicando que, tras su llegada al club, parte de la gestión administrativa y laboral se realizó desde Madrid a través de personal vinculado a Ecco Documática, empresa de su propiedad. «Algunas personas dieron soporte desde Madrid a todo el tema administrativo de personas» y «durante ese período de tiempo el grupo no pasó ninguna factura por estos servicios a la sociedad», afirmó. Según indicó, la gestión laboral fue asumida desde el primer momento por trabajadores de esas empresas.

«Lo que no hago es dejar la parcela deportiva»

Uno de los ejes de su declaración fue el relevo en la presidencia producido en 2016, cuando Alejandro González (su hijo) pasó a ocupar el cargo. Carlos González aseguró que aquel cambio buscaba reducir la tensión social existente en torno a su figura, aunque insistió en que continuó ejerciendo funciones ejecutivas en el área deportiva.

«Yo decido dejar la presidencia para ver si baja un poco la tensión social y mediática», señaló. Sin embargo, añadió que «lo que no hago es dejar la parcela deportiva» y que «todo el tema deportivo lo sigo soportando yo». Con esta explicación justificó las facturas emitidas por servicios de apoyo a la gestión deportiva durante esos años.

Los contratos deportivos y la seguridad

El expresidente también defendió los contratos firmados con la empresa Football Management Sánchez, propiedad de Salva Sánchez, asegurando que respondían a labores de secretaría técnica. Además, reivindicó los resultados obtenidos durante su etapa al frente del club: «No solamente el primer equipo hizo una temporada extraordinaria, sino que todos los equipos de cantera mantuvieron sus categorías», afirmó.

Por otro lado, justificó los gastos de seguridad asumidos por el Córdoba CF debido a las amenazas recibidas. «La seguridad la tienen todos los presidentes del fútbol español», aseguró, recordando que sufrió episodios de hostilidad y que las medidas adoptadas respondían a recomendaciones de los responsables de seguridad.

En el tramo final de su declaración, González rechazó cualquier irregularidad en las operaciones económicas investigadas y defendió que todas ellas contaban con respaldo profesional. «Yo no puedo manipular una junta ni una contabilidad», afirmó, antes de insistir en que «todo lo que hicimos estaba avalado por auditores y asesores».

Alejandro González: «Mi padre estaba en todas las decisiones»

Alejandro González, presidente del Córdoba CF entre 2016 y 2018 e hijo de Carlos González, defendió durante su declaración que su llegada a la presidencia tuvo un carácter fundamentalmente representativo y que no supuso un cambio real en la gestión del club. Según explicó, continuó desempeñando las mismas funciones que ya desarrollaba en el área de fútbol formativo y fue su padre quien siguió ejerciendo el control ejecutivo de la entidad. «Acepté ser presidente del Córdoba, pero con las únicas competencias de representación social», afirmó. «Las funciones ejecutivas que venía realizando mi padre las siguió haciendo él», añadió.

También insistió en que Carlos González mantenía la última palabra en todas las cuestiones relacionadas con la planificación deportiva: «Fue quien decidió quiénes eran los entrenadores y quién no» y «tomaba todas las decisiones de contratación y planificación», aseguró. «Era un hecho indiscutible para todos los que vivimos aquella etapa que mi padre estaba en el día a día de todas esas decisiones», apuntó.

Alejandro González también defendió algunas de las operaciones cuestionadas en la causa, como los contratos de Salvador Sánchez o el acuerdo firmado con Álex Gómez cuando fue promocionado a director deportivo, argumentando que respondían a necesidades reales del club y generaban beneficios económicos o deportivos. Asimismo, justificó el reparto de dividendos investigado asegurando que se realizó con respaldo técnico y autorización de los organismos competentes. «Había autorización para llevar a cabo ese reparto», afirmó, antes de negar cualquier beneficio personal derivado de las operaciones analizadas. «Lo único que he recibido de todo esto es estar imputado desde los 28 años. No he recibido ni un euro de ninguna de esas operaciones», concluyó.

Álex Gómez: «No me he apropiado de ningún dinero»

El siguiente acusado en declarar fue Álex Gómez, director de fútbol del Córdoba CF durante la etapa investigada. Gómez explicó que su llegada se produjo inicialmente en el fútbol formativo, desde donde fue asumiendo progresivamente responsabilidades hasta su nombramiento como director deportivo a finales de 2016.

Uno de los puntos más relevantes de su declaración fue la oferta que recibió del fútbol japonés, que finalmente rechazó para continuar en el Córdoba CF. «Me ofrecen ser el manager general del club, llevar toda la gestión del primer equipo de un club de Japón», explicó. Según añadió, la decisión de quedarse vino acompañada de una propuesta del club para retenerlo.

Gómez también defendió la existencia de cláusulas contractuales basadas en la confianza, incluyendo renuncias a determinados derechos laborales. «Renuncié a derechos laborales por la confianza que tenían conmigo», señaló, insistiendo en que su decisión fue voluntaria y basada en la relación con el club.

Sobre su salida, relató que se produjo tras un cambio en la estructura directiva, momento en el que aseguró haber quedado al margen de la gestión diaria. «En la parte deportiva, las cuestiones importantes las decidía Carlos», aclaró. Finalmente, rechazó cualquier irregularidad económica: «No me he apropiado de ningún dinero, al contrario, he perdido dinero».

Andrés Delgado: «Nunca he tenido un contrato por escrito

Por su parte, Andrés Delgado, exconsejero del Córdoba CF, situó su llegada al club en torno a 2012 o 2013, dentro de una relación profesional sin contrato escrito y bajo régimen de autónomo, aunque con funciones que, según explicó, fueron ampliándose con el tiempo. Inicialmente fue consejero y después secretario, además de asumir tareas de relación institucional. «Nunca he tenido un contrato por escrito», señaló.

Delgado centró parte de su declaración en su intervención en operaciones económicas relevantes, como la firma en 2014 de un préstamo de más de 900.000 euros, que rubricó mediante un poder especial otorgado de forma puntual. «Fue así, un poder especial que se hizo justo el día antes de la firma», explicó, reconociendo que tuvo conocimiento del contenido del contrato en el mismo momento de su formalización y admitiendo que no llegó a valorar algunos extremos técnicos como la fijación del interés.

También fue interrogado por su papel en la aprobación de la distribución de dividendos de 2016, adoptada pese a informes previos del Consejo Superior de Deportes. El testigo defendió que actuó amparado por informes de auditoría y dentro del marco de las decisiones del consejo. «Nosotros lo dimos por bueno, parecía ser que tenía algún error», afirmó.

Jiménez Sacristán: «Siempre he confiado en Carlos González»

El turno de Javier Jiménez Sacristán llegó avanzada la mañana. El exdirector de fútbol de la entidad cordobesista centró su internvención en definir su papel dentro del club como una figura orientada principalmente a la generación de ingresos, el marketing y la actividad comercial.

Jiménez insistió en que su intervención en la firma de contratos o en operaciones concretas respondía siempre a poderes otorgados y a instrucciones de la presidencia. «Yo firmaba por las indicaciones suyas y nunca vi nada raro», afirmó, reconociendo que su participación en decisiones jurídicas o económicas era limitada. También señaló que su actividad se centró en operaciones comerciales, como la gestión de jugadores o acuerdos con representantes.

En el plano personal, explicó que su relación con el club evolucionó desde su etapa como consejero hacia un modelo de asesoramiento externo a través de su propia empresa, lo que le permitió continuar vinculado al fútbol en distintos proyectos. «Siempre he confiado en Carlos González», concluyó, negando haber actuado en beneficio propio o en perjuicio de la entidad y defendiendo la legalidad de todas sus actuaciones.

Salvador Sánchez y los «préstamos»

Posteriormente, Salvador Sánchez, agente FIFA desde hace más de 25 años y exsecretario técnico del Córdoba CF, defendió durante su declaración la realidad de todos los servicios facturados al club y rechazó haber mantenido cualquier vínculo con la gestión societaria de la entidad. «Nunca he sido administrador, accionista, apoderado ni he tenido relación con la gestión del club», aseguró. Explicó que su labor se centraba en la detección de talento, la planificación deportiva y la coordinación de una red de ojeadores, una estructura que, según indicó, estaba integrada por varios empleados de sus sociedades Football Management Sánchez y Unicosport.

El acusado defendió especialmente el contrato firmado en junio de 2013 por el que percibiría un millón de euros si el Córdoba CF lograba el ascenso a Primera División, negando que fuera una operación ficticia o formalizada con posterioridad. «El contrato se firmó en la fecha del contrato», sostuvo, apoyándose en correos electrónicos incorporados a la causa.

Respecto al denominado scouting internacional, explicó que el Córdoba CF buscó abrir mercados en Sudamérica para captar jugadores con potencial. Según detalló, participó en operaciones que terminaron reportando importantes ingresos a la entidad mediante traspasos y cesiones. En ese contexto, defendió que su trabajo contribuyó a operaciones como las de Florin Andone, Federico Vico o José Ángel Crespo.

Sánchez también justificó los préstamos concedidos tanto al Córdoba CF como a Carlos González. Sobre el crédito de 400.000 euros, aseguró que la entidad atravesaba un bloqueo económico que impedía incluso afrontar pagos corrientes. «No podían ni pagar las nóminas de los trabajadores», afirmó, añadiendo que accedió a prestar el dinero porque contaba con garantías suficientes. Del préstamo de un millón de euros vinculado a la Ciudad Deportiva aseguró que se trató de una operación ordinaria y que el dinero fue devuelto. En cuanto al préstamo personal a González, insistió en que fue una operación privada y documentada.

Por último, respondió a las dudas planteadas sobre las comisiones cobradas por operaciones relacionadas con futbolistas como Federico Vico, Ryder Matos o David Rodríguez. Sánchez afirmó que ya representaba a esos jugadores antes de convertirse en secretario técnico blanquiverde y que, por tanto, tenía derecho a percibir las correspondientes comisiones de intermediación. «Mi contrato de secretario técnico no era exclusivo con el Córdoba CF. Yo seguía haciendo mi labor de agente de representación», explicó. También defendió los pagos correspondientes a los ejercicios posteriores al ascenso, argumentando que respondían a la continuidad de su trabajo y a acuerdos posteriores con el club. En el cierre de su comparecencia negó haber participado en cualquier actuación para perjudicar al Córdoba CF o enriquecerse de forma irregular: «No he realizado ninguna maniobra que suponga un enriquecimiento que no se justifique por un servicio prestado o por derechos adquiridos», apostilló.

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