El Instrucción 2 de Córdoba abre diligencias por presuntos delitos en la venta del Córdoba CF

Coincidiendo con el desarrollo en la Audiencia Provincial de Córdoba del juicio contra el expresidente del Córdoba CF Carlos González por presuntas irregularidades cometidas durante su etapa al frente de la entidad, un nuevo frente judicial ha irrumpido en la actualidad blanquiverde. En esta ocasión, el foco se centra en la operación que permitió la continuidad del club a través de la adquisición de la unidad productiva y el posterior nacimiento de la actual Unión Futbolística Cordobesa SAD y, más concretamente, en algunas de las personas que intervinieron en la misma.

Según ha adelantado Cordópolis y ha podido confirmar este periódico, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba ha acordado la apertura de diligencias previas tras la presentación de una querella por parte de Hartmann & Morato Sports S.L., denominación actual de la antigua Bitton Sport, la empresa que controlan Luis Oliver y los heredos de Joaquín Zulategui. La resolución judicial considera que los hechos relatados podrían presentar, en esta fase inicial del procedimiento, indicios de posibles infracciones penales que justifican el inicio de una investigación.

No obstante, y según ha podido conocer Diario CÓRDOBA, a día de hoy el Córdoba CF no tiene constancia ni ha sido notificado de esta denuncia. Una demanda, además, que previamente había intentado interponerse en varias instancias y sedes diferentes de Córdoba, sin éxito, hasta que finalmente ha sido aceptada por el Instrucción 2 de esta capital.

Los querellados

La acción judicial dirige sus acusaciones contra diferentes personas físicas y jurídicas vinculadas, de una u otra forma, al proceso que culminó con la adquisición de la unidad productiva del Córdoba CF SAD. Entre los denunciados aparecen el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales; el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco; el exconsejero delegado del Córdoba CF, Javier González Calvo y el administrador concursal Francisco Estepa, entre otros.

La sociedad denunciante (perteneciente a Luis Oliver y a los herederos de Joaquín Zulategui) sostiene que la operación desarrollada durante el concurso de acreedores del Córdoba CF permitió trasladar los principales activos deportivos y comerciales a una nueva estructura societaria, mientras la antigua SAD permanecía sometida al procedimiento concursal y a las obligaciones económicas pendientes. A juicio de la querellante, esa situación habría provocado un perjuicio para los acreedores.

Hartmann & Morato Sports, promovida especialmente en esta acción por los hijos del fallecido Joaquín Zulategui, mantiene que contaba con créditos reconocidos en el concurso por una cantidad superior a los 3,1 millones de euros, además de otras cantidades adicionales.

Por otra parte, cabe recordar que la citada venta de la propia Unidad Productiva se encuentra refrendada y aprobada por el Juzgado Mercantil número 1 de Córdoba bajo sentencia judicial.

La rapidez del proceso

Uno de los aspectos sobre los que se mueve buena parte del escrito es la secuencia temporal de los acontecimientos registrados en noviembre de 2019, tras la detención del entonces presidente del Córdoba CF SAD, Jesús León.

La querellante considera llamativa la rapidez con la que se sucedieron diversos movimientos judiciales y societarios. Según expone, pocos días después de iniciarse aquella crisis institucional se solicitó el concurso voluntario de acreedores y apareció una oferta para la adquisición de la unidad productiva.

El escrito subraya que la solicitud habría sido presentada un viernes por la tarde y que apenas unos días después ya se habían producido decisiones relevantes como la declaración del concurso, el nombramiento del administrador concursal y la autorización de la venta.

La querella también cuestiona las condiciones en las que se desarrolló el proceso de venta. La parte denunciante sostiene que existieron otros posibles interesados en adquirir los activos de la entidad e incluso apunta a la existencia de ofertas económicamente superiores a la finalmente aceptada.

A partir de esa premisa, plantea interrogantes sobre la valoración otorgada a la Unidad Productiva y sobre el grado de competencia real existente durante el procedimiento de adjudicación.

El papel de la Federación

Otro de los capítulos más extensos del escrito está dedicado a la actuación de la RFEF durante aquellos meses.

La querella sostiene que inicialmente existían reservas sobre la posibilidad de que UFC SAD pudiera competir bajo la denominación de Córdoba CF tras adquirir la unidad productiva. Sin embargo, la denunciante entiende que posteriormente se produjo un cambio de criterio que terminó facilitando la inscripción federativa de la nueva sociedad.

Es precisamente en ese giro donde la querella sitúa la posible intervención de Luis Rubiales y Alejandro Blanco, apoyándose en reuniones, contactos y conversaciones publicadas por distintos medios de comunicación y que considera relevantes para esclarecer lo ocurrido.

Los tres millones y la petición de nuevas diligencias

La procedencia de los tres millones de euros consignados para ejecutar la operación constituye otro de los puntos que la denunciante solicita investigar.

Hartmann & Morato Sports plantea dudas sobre el origen de esos fondos, la identidad de quienes los aportaron y la estructura societaria existente detrás de UFC SAD en aquel momento. Sobre esa base, también solicita que se analice si existen elementos que justifiquen una investigación por un posible delito de blanqueo de capitales.

Además, la querella reclama un amplio paquete de diligencias, entre ellas la remisión de documentación por parte de la RFEF, informes jurídicos, comunicaciones internas relacionadas con el proceso de inscripción, documentación bancaria vinculada a la transferencia económica y la declaración de diversos testigos.

Entre las personas cuya comparecencia se solicita figuran Javier Tebas, Gerardo González Otero, Miguel García Caba, Magdalena Entrenas o Daniel Pastor.

Por ahora, el procedimiento se encuentra en una fase embrionaria. La apertura de diligencias previas no implica pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto, aunque sí abre una nueva vía judicial sobre una operación que marcó el futuro reciente del Córdoba CF y que continúa generando controversia años después de su ejecución.

«Los juzgados admiten cualquier cosa»

En paralelo, y tras recabar la versión de varias de las personas que participaron en aquella operación hace ya siete años, una de las partes consultadas por este periódico y vinculada entonces al Córdoba CF avanzó su intención de personarse en el procedimiento. A su vez, otro de los protagonistas de aquel proceso restó trascendencia a la apertura de diligencias y señaló que «los juzgados admiten cualquier cosa», al tiempo que recordó que «esto ocurrió hace ya siete años» y que, según defendió, la operación fue validada en su momento por los tribunales de justicia.