El administrador concursal del Córdoba CF SAD, Francisco Estepa, finalizó el pasado abril la pieza de calificación concursal de la entidad blanquiverde, que a su juicio debe señalarse como «culpable», y en la que exige 5,3 millones de euros al que fuera su presidente, Jesús León, así como otras cantidades a los que fueron sus consejeros, Magdalena Entrenas, Alfredo García Amado, Manuel Garrido y Fran López. Además, pide una inhabilitación de representación de dos años para Luis Oliver, del que indica que «ejercía la administración de hecho» sobre el Córdoba CF SAD a través de dos sociedades, Bitton Sport y Sitnosport.
En la pieza de calificación concursal, a la que ha tenido acceso este periódico, el administrador concursal indica que dicha calificación se debe a que el Córdoba «no ha alcanzado el estado de insolvencia por razones de azar deportivo, sino por perpetuar un modelo de gestión insostenible, basado en el incumplimiento sistemático de parámetros de razón empresarial y presupuestaria, de forma permanente, en la desestructuración de los ingresos y gastos» de la entidad blanquiverde «más que imprudente, temeraria, hasta el punto de verse alejada de una mera culpa o imprudencia».
Para Estepa, las cuentas del Córdoba CF ya eran «harto esclarecedoras» en el verano del 2018, apenas seis meses después de producirse el traspaso de acciones entre Carlos González y Jesús León. Para el administrador concursal, dichas cuentas presentaban una situación de «clara insolvencia a fecha de cierre del ejercicio 2017/18 (30 de junio de 2018), estando la misma en causa legal de disolución por pérdidas que habían reducido el patrimonio neto bastante por debajo debajo del mínimo legal».
Según el informe, «la situación expuesta no era de mero desbalance, sino de auténtica descapitalización» del Córdoba CF SAD. «No se estaba en una situación en la que las deudas con proveedores y acreedores eran mayores que los saldos de clientes, deudores de cobro más inmediato y tesorería, sino que la sociedad tenía una imposibilidad para atender las obligaciones contraídas en tiempo y forma». Estepa remarca que hay que pensar que «en tal momento las deudas (pasivo corriente y no corriente) eran mayores que el activo a su valor de realización (activo real) hasta el punto que las pérdidas habían absorbido todo el patrimonio neto, pudiéndose afirmar que la sociedad carecía de recursos propios».
Incumplimiento de pagos
A esa situación se llegó, entre otros motivos, porque «para los proveedores y acreedores, el saldo vivo a inicio de la temporada 2017/2018 era igual o superior al de la temporada anterior, sin que se atendieran pagos de dichas deudas, lo que implicaría que, al menos respecto a estos, se vino incumpliendo el período máximo de pago y que tales deudas se encontraban líquidas, vencidas y exigibles por un importe de 852.695,91 euros».
Una de las causas del aumento gigantesco y vertiginoso de la deuda del Córdoba CF SAD tuvo que ver con los «recargos, sanciones e intereses que se generaron con la Agencia Tributaria y con la Tesorería General de la Seguridad Social, por el impago en plazo de los débitos con dichas administraciones, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2019, que ascendió a 641.937,92 euros, conforme informaba la propia contabilidad» del club.
Otra de las causas, remarca Estepa, es el pago de desorbitados intereses y comisiones por la necesidad del club de obtener liquidez. A Toro Finance SLU abonó el Córdoba CF SAD casi 800.000 euros por una línea de financiación, mientras que por el adelanto de los derechos televisivos tuvo que abonar unos intereses de casi 250.000 euros.
El perjuicio económico en multas, recargos y costes de financiación lo tasa Francisco Estepa en 4.352.987 euros, desglosados en los 641.937 citados a las administaciones públicas, los casi 800.000 a Toro Finance, los casi 250.000 a Right and Media Funds para adelantar los ingresos por TV, los 568.000 de multas impuestas por LaLiga y un apartado que merece aparte: el millón y medio de euros que se abonó al Getafe por Sergi Guardiola y los 616.666 de lo que Estepa denomina «comisiones ficticias de intermediación» en dicho traspaso.
El factor Oliver
Otro factor que influyó en la quiebra del Córdoba CF SAD, a juicio de Estepa, fue la relación de la concursada con Bitton Sport y Sitnosport, ambas empresas controladas por Luis Oliver, sobre las que el administrador concursal solicitó sendas acciones resolutorias que, en caso de ser escuchadas por el juez, haría que ambas firmas pasaran de su actual rol de acreedoras de la entidad blanquiverde a deudoras. En la pieza de calificación, el administrador concursal señala que el club asumía un pago de 1,3 millones de euros. «Pues bien, conforme al presupuesto aprobado por la concursada para la temporada 2017/18 en cumplimiento de la normativa deportiva aplicable6 y elaborado con carácter previo al inicio de la temporada (meses antes de la contratación con Sitnosport), el importe total previsto para la partida correspondiente al personal no deportivo (todo el personal laboral de la sociedad que no tenga la condición de futbolista profesional y/o equipo técnico del primer equipo) era de 879.000 euros».
Para Estepa, ambas empresas «no fueron sino los vehículos jurídicos, a modo de velo, usados por Luis Oliver Albesa (que ejercía el control de ambas entidades) para ejercer la administración de hecho sobre la concursada», es decir, sobre el Córdoba CF SAD. Estepa recuerda, además, que durante los seis meses que ambas empresas trabajaron oficialmente en el club (de enero a julio del 2018) «recibieron transferencias de la concursada por un importe total de 847.809,66 euros». A esa cantidad hay que sumar los casi 300.000 euros que recibieron las empresas de Oliver por el traspaso de Guardiola, a pesar de que ya entonces no trabajaban oficialmente para el club, por lo que «el importe total percibido por Bitton/Sitnosport» del Córdoba CF SAD «durante seis meses asciende a 1.138.718,15 euros, cifra que no cuadra ni con lo recogido en los acuerdos escritos» entre las partes «ni por lo manifestado» por las firmas.
De toda esta situación Estepa entiende que los consejeros del club de entonces son corresponsables en una medida que él tasa en un 10% de la responsabilidad, ya que a su juicio «no solo firmaron las cuentas anuales e informe de gestión de la temporada 2017/18, responsabilizándose de lo allí documentado, sino que nunca pusieron reparos a la política de gestión continuada en el tiempo y que condujo a la insolvencia del Córdoba CF SAD». Además, el administrador concursal censura que los consejeros «jamás impugnaron ninguna de las decisiones de administración adoptadas (art. 251 LSC). No ejercitaron o no quisieron ejercitar las facultades de control sobre los órganos delegados que como facultad indelegable del consejo señala el art. 249 bis de la LSC. Ni siquiera se dignaron a dimitir de su cargo, como sí hicieron previamente otros consejeros, a modo de protesta silenciosa ante las irregularidades que se venían perpetrando en la concursada», de ahí que reclame a varios de ellos algo más de 273.000 euros y dos años de inhabilitación.
Así, en sus conclusiones, Estepa solicita una inhabilitación de 15 años para Jesús León, al que le pide 5,3 millones de euros, cantidad que incluye el millón de euros por la adenda al contrato de construcción de la Ciudad Deportiva, que califica como «falsa». Además, solicita algo más de 273.000 euros a cada uno de los consejeros de la entidad blanquiverde de entonces: Magdalena Entrenas, Alfredo García Amado, Francisco López Valera y Manuel Garrido, a los que también pide dos años de inhabilitación, los mismos que solicita para Luis Oliver.
