Carlos González vuelve a tomar el control del Córdoba CF SAD después de que el Juzgado de lo Mercantil 1 de Córdoba diera validez al convenio de acreedores aprobado el pasado mes de septiembre y, por lo tanto, haya cesado a Francisco Estepa como administrador concursal de la entidad blanquiverde. El Córdoba CF SAD compite en la actualidad en la Segunda Andaluza (provincial) cordobesa, en el Grupo 1, en el que está clasificado en tercera posición, después de ser inscrito el pasado verano por el empresario tinerfeño afincado en Madrid.
Fernando Caballero, juez en comisión de servicio en el Mercantil 1 de Córdoba, dictó sentencia el pasado 3 de diciembre (222/21), a la que tuvo acceso este periódico, y esta fue comunicada a las partes. En la misma se señala una cifra global de deuda en torno a los 11,5 millones de euros, tras lograr González más del 65% de adhesión que necesitaba para su propuesta de convenio, que salió adelante el pasado mes de septiembre a pesar de la excepción técnica provocada por un supuesto crédito del Grupo Tremón. Luis Oliver, con un pacto cerrado con González desde hace ya casi dos años, junto a Joaquín Zulategui y el entramado de empresas que controlan, son acreedores del Córdoba CF por una cifra que ronda los 3,2 millones de euros. Es decir, casi un 30% de la deuda de la SAD está a nombre de Oliver. González negó a este periódico la existencia de dicho pacto.
En el plan de viabilidad propuesto por González, aprobado ahora por los acreedores y ratificado por el Juzgado de lo Mercantil 1 de Córdoba, se especifica el activo vendido de la Unidad Productiva por valor de 6,8 millones de euros, mientras que añade una relación de activos pendientes de cobro, como por ejemplo la compensación económica de LaLiga por el descenso de categoría, superior a 600.000 euros, otro ingreso pendiente de la RFEF por casi 140.000 euros, efectivo en una cantidad superior a 200.000 euros y hasta el Porsche Cayenne que en su día fuera de Jesús León, valorado en casi 28.000 euros, entre otros. Asimismo, existen derechos de crédito, como las acciones rescisorias llevadas a cabo por la administración concursal contra Aglomerados Córdoba, Mencia Proyects y Tecnoglobal (empresas de León o de su entorno familiar) por valor de casi 850.000 euros y otro sobre Unión Futbolística Cordobesa por valor de 581.000 euros, una cantidad sobre la que los actuales gestores del Córdoba CF y el administrador concursal no se pusieron en su día de acuerdo sobre a quién correspondía abonar y que se encuentra reclamada en sede judicial.
Derecho de crédito de 8,1 millones
También existe un derecho de crédito sobre Azaveco por valor de casi 8,1 millones de euros, la cifra total del anterior concurso de acreedores y sobre cuyo abono aún se mantiene la batalla judicial entre Prasa y Carlos González. Hace unas semanas, sin ir más lejos, Prasa ganó en la Audiencia Provincial la demanda interpuesta al empresario tinerfeño por valor de seis millones en lo que entendía como un incumplimiento por parte de González de una de las cláusulas del contrato de venta del Córdoba CF SAD, en junio del 2011, y que aún tendrá recorrido judicial en el Tribunal Supremo. Asimismo, en el mismo plan de viabilidad se reconoce que la probabilidad de cobro de las acciones rescisorias contra las empresas de León son entre «bajas» y «nulas», según la documentación a la que tuvo acceso este periódico.
Por su parte, la masa pasiva concursal se distribuye en 9,5 millones de euros en créditos ordinarios, 0,8 millones en subordinados, 1,3 en contingentes ordinarios y casi 380.000 euros en créditos con privilegio especial, entre otros.
La propuesta realizada en su día por Carlos González y aprobada por la junta de acreedores, ratificada ahora por Caballero, acuerda una quita de la deuda del 80% con un calendario de pagos que alcanza hasta los 10 años y con una carencia inicial de tres años. Es decir el Córdoba CF SAD abonaría a cada acreedor el 20% de su deuda real después de aplicarse la quita y se haría de la siguiente manera: el 14,2% de esa deuda minorada se abonaría dentro de un año y tendría un periodo de espera de hasta tres años para realizar dicho abono. El segundo año, de igual manera, se abonaría otro 14,2% y así hasta siete pagos, ya que el dinero a abonar sería en siete años, resultantes de los diez años de convenio menos los tres de espera propuestos. Un ejemplo práctico de la propuesta realizada por González: si el Córdoba CF SAD debe 1.000 euros a un acreedor, este percibirá 200 euros en total y en los tres primeros años no recuperará nada. A partir del cuarto año y hasta el décimo, el Córdoba CF SAD le pagará 28,4 euros cada año, hasta cubrir los 200 euros de la nueva deuda total.
Dicho calendario está también a expensas de los logros deportivos del equipo, inscrito ya por González en la RFAF y que inició su andadura en Segunda Provincial a principios de octubre. Un ejemplo: si en esos diez años, el equipo logra llegar a Primera RFEF y mantenerse durante dos temporadas, la propuesta prevé una rebaja de quita del 80% inicial al 70%. En caso de llegar a Segunda División A, la quita se quedaría en el 50%.
Control sobre algunos procesos
Con el regreso de Carlos González al Córdoba CF SAD el tiferfeño vuelve a tomar el control de la entidad blanquiverde y también de algunos procesos legales en los que está inmerso el club, sobre todo en acciones civiles, sobre las que podrá retirar las reclamaciones que en su día puso la entidad, alguna de ellas en contra de los intereses del propio González.
