El Gobierno inyecta 954 millones a la dependencia andaluza para "reducir la lista de espera en un 45%", mientras la Junta lo tacha de "parche"

La gestión del sistema de la dependencia vuelve a ser protagonista de un choque entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central en pleno proceso de investidura y toma de posesión del presidente del ejecutivo autonómico, Juanma Moreno. Este lunes, el Ministerio de Derechos Sociales ha anunciado la transferencia de 954 millones a la Junta de Andalucía entre 2026 y 2027, defendiendo que esta cuantía permitirá al Gobierno autonómico "reducir en un 45% las listas de espera". Sin embargo, la propia consejera de Inclusión Social sostiene que esta medida es "insuficiente" y exige a la administración el pago de los cerca de 6.000 millones de euros que, según la administración andaluza, "adeuda" a la comunidad por la "infrafinanciación" del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

El pasado 29 de junio tuvo lugar la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD, en la que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 presentó un real decreto para incrementar la financiación estatal de la dependencia mediante un crédito extraordinario. Tal como ha anunciado este lunes el ministerio, decidió destinar 954 millones de euros a la comunidad andaluza, cuyas cuantías han empezado a abonarse en el mes de julio. El departamento de Pablo Bustinduy sostiene que el Gobierno central tiene un "compromiso político", pero no una obligación legal de subvencionar el 50% del presupuesto a la dependencia. Este aumento del presupuesto supone una inyección "histórica" al sistema de dependencia durante los próximos dos años que tiene un impacto directo sobre Andalucía, la comunidad más poblada y con un mayor número de dependientes.

Tras dicha reunión, la propia consejera de Inclusión Social defendió que esta medida era "insuficiente" al entender que "no resuelve el problema estructural de la financiación del sistema": "Lo que presenta el Gobierno es un parche coyuntural y no una solución definitiva", afirmó, al señalar que el incremento de fondos está limitado al ejercicio en curso y que su continuidad dependerá de futuras leyes de Presupuestos Generales del Estado o de nuevas modificaciones presupuestarias.

Para entender el contexto del conflicto, la ley establecía que el reparto debía ser de un 50% para el Gobierno y la otra mitad para la Administración autonómica. Sin embargo, ese porcentaje nunca se ha alcanzado ni en Andalucía ni en ningún otro territorio lo que ha generado una reivindicación constante por parte de la Junta de Andalucía. A día de hoy, la cartera de Loles López aporta al sistema de la dependencia más del 60% del presupuesto, mientras que la aportación del Gobierno central en 2024 no llegaba al 30%.

Cabe tener en cuenta que el Ministerio de Hacienda acordó con el País Vasco en abril de 2025 el compromiso de abonar anualmente el 50% del sistema de Dependencia de la comunidad, aunque por el momento no se ha formalizado. Ante este escenario, López reprochó al Gobierno que Andalucía recibiera "las mismas garantías" que regiones como la del País Vasco. Ante este acuerdo, la consejera de Dependencia respondió: "Los andaluces no somos más que nadie, pero tampoco somos menos. No vamos a consentir que las personas dependientes de esta tierra sigan siendo tratadas como ciudadanos de segunda", afirmó López.

Otra de las reivindicaciones de la consejera fue el "cambio de criterio" del Ejecutivo central. López defendió que el ministro de Derechos Sociales había justificado durante la legislatura la "imposibilidad" de aumentar la financiación por la falta de Presupuestos Generales del Estado. "Resulta sorprendente que ahora, en un contexto preelectoral, sí exista margen para aumentar esa financiación. El Gobierno debe explicar esta contradicción", sostuvo.

"La Junta podría conseguir que 15.500 personas dejen de estar en lista de espera"

A partir de la transferencia de 954 millones del Ministerio de Derechos Sociales, el departamento asegura ahora que la Junta de Andalucía podría reducir un 45% la lista de espera en un año: "Este 45% se traduce en que en solo un año y medio la Junta podría conseguir que 15.500 personas dejasen de estar en lista de espera para acceder a una prestación efectiva". Según sus estimaciones, Andalucía "dispondrá de fondos suficientes para conseguir que 120.000 personas más reciban una prestación por dependencia, lo que supone un aumento del 30,53% respecto a 2025 y una cifra total de 437.500 personas más atendidas dentro del sistema".

El departamento de Pablo Bustinduy sostiene que estos cálculos se han realizado en función a las nuevas cuantías que el Gobierno ha aprobado y que "implican que se duplique la aportación estatal, que se reparte entre los gobiernos de las comunidades para la gestión de la dependencia en cada territorio".

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández Peñalver, ha señalado este lunes que esta modificación en el sistema de la dependencia supondrá no solo reducir las listas de espera, sino "agilizar toda la tramitación para que quienes están en lista de espera reciban ya su asistencia y para que, por otro lado, puedan acceder a la dependencia otras personas que necesitan una residencia, ayuda domiciliaria o cualquier otra ayuda". "Por eso le pido a la Junta que haga una buena gestión de estos casi mil millones de euros adicionales y piense en todos los andaluces y andaluzas a los que pueden mejorar la vida si gestiona bien y rápido esta ingente cantidad de recursos para la dependencia", ha declarado.

Por último, Derechos Sociales estima que se seguirán reduciendo las listas de espera y subiendo el número de personas con una prestación más allá de 2027, ya que esta mayor aportación estatal a las comunidades es estructural: las nuevas cuantías quedan fijadas y blindadas por ley y, por tanto, los gobiernos autonómicos continuarán disponiendo de esta mayor financiación también en 2028 y en años sucesivos".