Defensor, Iglesia y ONG en Andalucía apoyan la regularización de migrantes y piden medios para aplicarla con garantías: "Es un acto de justicia social"

La iglesia, el tercer sector y el Defensor del Pueblo respaldan la aprobación del Real Decreto de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno que en el caso de Andalucía podría afectar a más de 60.000 personas, la tercera comunidad que más inmigrantes regularizará. En Andalucía, el gobierno de Juanma Moreno se ha cuidado mucho de criticar y rechazar este decreto en plena precampaña electoral, pese a que en el PP nacional y en comunidades Valencia y Aragón han anunciado que acudirán al Constitucional.

Desde la Iglesia, con presencia capilar en Andalucía a través de Cáritas y otras entidades, el apoyo es claro. Cáritas Española considera la medida "un acto de justicia social" y "una medida de responsabilidad política, ética y social". En una comunidad donde miles de personas viven en situación irregular, desde Cáritas, la confederación oficial de entidades de acción caritativa y social de la Iglesia Católica, consideran que que la regularización es "un complemento imprescindible al Reglamento de Extranjería para garantizar los derechos y la dignidad de quienes ya forman parte de la sociedad española". Estas organizaciones, que trabajan sobre el terreno en barrios y municipios andaluces, advierten además de la estrecha relación entre irregularidad y exclusión. Según datos que manejan, "el 68% de las personas migrantes en situación irregular se encuentra en exclusión social", una realidad especialmente visible en sectores precarizados como el agrícola o los cuidados, muy presentes en Andalucía.

El respaldo se fundamenta también en principios éticos y religiosos: "La acogida, la protección y la dignificación de las personas migrantes constituyen para la Iglesia una exigencia inherente a su misión" y "una expresión coherente del Evangelio en la vida pública". No obstante, reclaman que el proceso cuente con medios suficientes, dada su complejidad "técnica y logística", y piden "información de calidad" y facilidades para el registro de solicitudes.

Según datos de Cáritas, el 68% de las personas migrantes en situación irregular se encuentra en exclusión social

En paralelo, la Federación Sur Acoge -con 21 centros en Andalucía, además de presencia en Canarias, Ceuta y Melilla- pone el foco en el impacto directo que tendrá la medida en el territorio. La entidad la define como "un paso bueno y necesario, una oportunidad para avanzar en derechos, inclusión y cohesión social" y destaca que "transformará la vida de miles de personas que ya forman parte de esta sociedad". Fuentes de esta entidad explican a El Correo de Andalucía que ya ha solicitado formalmente la "acreditación" al Gobierno para que sus profesionales puedan acompañar y asesorar a los interesados en el proceso administrativo.

En una comunidad donde sectores como el campo, la hostelería o los servicios dependen en gran medida de mano de obra migrante, Sur Acoge subraya además su dimensión económica: la regularización "será también una herramienta de desarrollo social y económico", especialmente para colectivos vulnerables como mujeres, infancia y juventud. Asimismo, advierte de que "la criminalización pública de las personas en situación administrativa irregular contribuye a reforzar prejuicios y exclusión".

Defensor del Pueblo andaluz: "Es una bendición"

Desde una perspectiva institucional, el Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha sido especialmente gráfico al calificar la medida como una "bendición". En declaraciones en Sevilla, defendió que los migrantes son "necesarios" en sectores clave para la economía andaluza, como los cuidados, los servicios o la agricultura. "Al país, le viene bien. Son personas que ya contribuyen", defendió.

Maeztu también ha valorado el decreto como un paso relevante hacia una migración "controlada" y ha lanzado un mensaje sobre los requisitos de acceso: "No vaya a ser ahora que tienen que ser inmaculados".

El Gobierno estima que hasta 500.000 personas podrán beneficiarse de este proceso, que permitirá acceder a permisos de residencia y trabajo durante un año. Para entidades andaluzas que trabajan a pie de calle, el cambio es profundo: la regularización "supone pasar de la invisibilidad y la precariedad a la protección, la autonomía y la plena participación social", además de reforzar el sistema al permitir que más personas "coticen, paguen impuestos y contribuyan formalmente".