Andalucía se reforzará con más inspectores para la nueva ley de gestión ambiental: las multas pueden alcanzar los 2,4 millones

El pasado 25 de febrero la Junta de Andalucía aprobó la nueva ley que regula todos los trámites ambientales para proyectos empresariales que se desarrollen en la comunidad autónoma y que sustituye al actual marco legislativo diseñado en 2007. En cuanto entre en vigor se reducirán los plazos para la ejecución de cualquier proyecto empresarial y en muchos casos bastará únicamente con una declaración responsable para que una empresa pueda acreditar que cumple todos los requisitos para iniciar una actividad. Es decir, no habrá un control previo y se confiará más en el empresariado. Y esto afectará tanto a las autorizaciones que concede la Administración autonómica como a los permisos más locales que otorgan los ayuntamientos para abrir bares, restaurantes, pubs o salones de celebraciones.

El objetivo fundamental de esta normativa es desatascar los más de 2.800 expedientes que hay en todas las delegaciones territoriales y que acumulan hasta tres años de espera. Y reducir los tiempos medios de tramitación que tiene que afrontar cualquier iniciativa empresarial. Pero el gran reto ahora, una vez que la norma entra en vigor, es garantizar que esto no suponga una reducción de los controles, una pérdida de seguridad jurídica o un deterioro del interés general.

"Nosotros confiamos en la responsabilidad y madurez de los promotores. Pero cuando alguno lo haga mal, y creo que van a ser un mínimo número de casos, ese empresario será sancionado de una manera importante para que sea un ejemplo para el resto", explica la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García en una entrevista con este periódico.

Más inspecciones

Pero uno de los problemas del departamento que tramita todos los permisos ambientales es la falta estructural de personal. Algo que hasta ahora, como reconoce la Junta de Andalucía en sus informes suponía atascos y retrasos en expedientes, y que ahora puede condicionar las labores de control de los proyectos empresariales.

Por este motivo, la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente quiere acelerar su mayor plan de contratación de los últimos años con cien profesionales repartidos por todas las delegaciones para agilizar trámites y realizar labores de inspección y control posterior. "Vamos a incorporar de forma inmediata en todas las delegaciones 107 personas que se van a incorporar precisamente para el refuerzo de la ley de gestión ambiental", explica la consejera Catalina García. Esta ampliación de plantilla está ya aprobada por el Consejo de Gobierno.

Junto a esto, una vez que entre en vigor la ley, la Junta de Andalucía quiere desarrollar una batería de procesos de digitalización de los expedientes administrativos incorporando además el uso de la inteligencia artificial. "Vamos a reforzar todos los aplicativos digitales que tenemos en marcha y que queremos que estén en funcionamiento este año 2026. Eso nos va a permitir además de reducir plazos, llevar a cabo una monitorización y seguimiento de todos los expedientes y garantizar una mayor trazabilidad", apuntó la consejera. En esta línea, la Consejería ha iniciado en Cádiz un proyecto piloto para la aplicación de la inteligencia artificial para la confección de ciertos informes de tramitación.

Nuevas sanciones

La normativa actualiza los importes de las multas. Una infracción vinculada con la el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Autorización Ambiental Integrada o en la Autorización Ambiental Unificada Simplificada (dos categorías reservadas a grandes proyectos empresariales con impacto en el medio ambiente) oscilará entre los 2.400 y los 2,4 millones de euros en función de su gravedad y su impacto sobre el entorno.

Cuando se trate de incumplimientos vinculados con el uso irregular de la declaración responsable para abrir un negocio (con informes que no se correspondan con la realidad o sin atender los requerimientos de la administración) las multas podrán alcanzar los 24.000 euros.

En estos casos, además, la Junta de Andalucía habilita una posibilidad que hasta ahora no contemplaba la normativa: sustituir las sanciones por la ejecución de actuaciones de restauración, conservación o educación ambiental.

El papel de los ayuntamientos

Uno de los elementos cuestionados durante la tramitación de la ley es el papel de los ayuntamientos debido a que se modifica la calificación ambiental por la licencia ambiental y se pasan a declaración responsable 33 categorías de proyectos empresariales. Además, hay otras 49 categorías que antes tramitaban los municipios y que ahora asume la Junta de Andalucía.

"En realidad lo que hemos hecho con los ayuntamientos es quitarles carga administrativa. No le hemos puesto más. Es más en algunas categorías nos dijeron que preferían seguir tramitándolas y les dijimos que no porque pensábamos que no tenían capacidad suficiente y le iba a ser muy complicado pese a que ellos querían seguir haciéndolos", apunta la consejera.

Los nuevos plazos

La Junta de Andalucía está convencida de que podrá cumplir con los nuevos plazos planteados que afectan tanto a permisos que entran dentro de sus competencias como a autorizaciones de ámbito municipal. Concretamente, la administración autonómica se compromete a tardar de cinco a seis meses para sus expedientes de autorizaciones ambientales unificadas mientras que los ayuntamientos deben tener listas sus licencias ambientales en tres meses.