El PSOE asegura que la nueva ley universitaria "resta autonomía a la UCO"

El parlamentario andaluz por el PSOE de Córdoba Antonio Ruiz Sánchez ha denunciado que la nueva ley universitaria aprobada por el PP en el Parlamento de Andalucía “supone un paso atrás” para la universidad pública y “perjudica directamente” a la Universidad de Córdoba (UCO), al no garantizar una financiación suficiente y al recortarle autonomía.

"95 enmiendas"

Ruiz ha recordado que la norma salió adelante con los únicos votos del Partido Popular. Según el diputado, no se le puede reprochar al Partido Socialista que no haya trabajado hasta el final para intentar mejorar un proyecto de ley que tilda de asimétrico, parcial y clientelar. “Hemos presentado 95 enmiendas: enmiendas para mejorar los derechos del estudiantado, potenciar la investigación, preservar la autonomía universitaria e intentar frenar el trato de favor a las privadas, pero, al final, el Gobierno de Moreno Bonilla ha impuesto el rodillo de su mayoría absoluta”.

Ruiz señala que la ley llega incluso con el rechazo de los rectores y rectoras de las universidades públicas, que denunciaron en el propio Parlamento de Andalucía un ataque a la autonomía universitaria y un exceso de burocracia innecesaria. Según el diputado socialista, el objetivo que esgrime la Consejería es el de “mayor transparencia”, pero la experiencia demuestra que el exceso de control sobre la universidad pública solo sirve para apuntalar un relato perverso: el de una universidad pública lenta y burocrática frente a una privada más ágil y moderna. “En más de cuarenta años de autonomía andaluza, ¿cuántos rectores han pasado por los juzgados? ¿Cuántos han sido investigados por fraude o por desvío de dinero público? ¿Qué escándalos ha dado la universidad pública? Yo no recuerdo ninguno”, argumenta el diputado socialista.

Enmienda para salvaguardar la financiación

La nueva ley, según Ruiz, no garantiza una buena financiación de la Universidad de Córdoba. Los grupos de la oposición pidieron mediante enmienda que la norma recogiera explícitamente la cláusula de salvaguarda del modelo de financiación universitaria con la que se asegura que cada universidad pública reciba, como mínimo, el 100% de la financiación del año anterior, más lo necesario para cubrir los incrementos salariales, pero el Partido Popular la rechazó. “Tampoco blinda ayudas económicas para el estudiantado ya consolidadas como, por ejemplo, el complemento Erasmus de la Junta: la ley no lo menciona expresamente, sino que se refiere vagamente al fomento de becas internacionales, pero no las recoge expresamente en el apartado de derechos del estudiantado tal y como había pedido el PSOE”.

Ruiz traza un paralelismo entre Andalucía y Madrid, y lo enmarca como un patrón de confrontación con los rectores. “Si alguien busca la prueba de que esto es un plan y no un accidente, que mire el mapa: Andalucía aprueba su ley pese al rechazo de los rectores y Madrid intenta sacar adelante otra que los rectores denuncian por invadir la autonomía. Moreno y Ayuso no están “reformando”: están reconfigurando el sistema para que la universidad pública pierda margen y la privada gane terreno”.