La financiación entra en Andalucía en la batalla del relato: ¿Valen más 4.850 millones o la foto con ERC?

El parto de los montes es el título de una fábula de Esopo que relata cómo el pánico se extiende ante unos montes que emiten señales terribles a punto de dar a luz, para terminar pariendo un pequeño ratón. Esa metáfora describe bien lo ocurrido con la financiación autonómica, según los expertos.

El modelo presentado por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras año y medio de arduo trabajo técnico y político, ni contempla el concierto vasco para Cataluña, ni rompe el sistema, ni fulmina la igualdad ni la solidaridad.

"Después de esperar un destrozo institucional mucho mayor, es una propuesta continuista respecto al modelo anterior: tiene debilidades, pero está lejos de las barbaridades que se habían dicho", afirma el catedrático de Economía Diego Martínez López, profesor en la Universidad Pablo de Olavide e investigador de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada).

Tras meses de discursos sobre "España se rompe", las aspiraciones de los independentistas catalanes se reconducen hacia un acuerdo con ERC. Cataluña obtiene un traje a medida, sin que se imponga el cupo ni la ordinalidad como principio general de reparto de los ingresos del Estado. Si Cataluña es la tercera que más aporta, será también la tercera en recursos recibidos. La ordinalidad funciona, sí, pero solo para esta comunidad.

¿Que se han hecho las cuentas a medida para que esto salga? Que nadie lo dude. Del mismo modo, Montero ha presentado un modelo con cifras muy favorables para Andalucía, donde juega su futuro político como candidata socialista y necesita un buen gancho electoral. Hay muchos cálculos, sobre todo políticos.

Las claves de la propuesta

El criterio que predomina es la financiación por habitante, con la intención de acortar la distancia entre comunidades. Se depuran los fondos del modelo anterior, que había comenzado a generar desigualdades cuando la economía se ralentizó. La población ajustada se convierte en la principal variable de reparto y, a partir de ahí, se introducen innovaciones como fondos para la lucha contra el cambio climático o mecanismos que permiten a regiones como Cantabria o Extremadura, beneficiadas en el modelo actual, seguir recibiendo los mismos recursos absolutos. El sistema resulta más transparente y flexible.

"La propuesta fija una singularidad a la carta", señala Martínez López. Las comunidades que quieran recaudar parte del IVA de las pymes de sus territorios podrán hacerlo. Finaciarán sus competencias propias con mayor participación en la recaudación del IVA del Estado. Las que deseen agilizar los pagos de las entregas a cuenta desde el Estado podrán solicitarlo. El Estado cede a las comunidades más IRPF (del 50 al 55%) y más IVA (del 50 al 56,5%). Los expertos advierten que el modelo debilita demasiado las arcas estatales, ya que el Estado debe garantizar pensiones, inversiones en Defensa y capacidad para redistribuir riqueza per cápita.

La ordinalidad para Cataluña es el peaje político que ha pagado el Gobierno. A ello se suma que Oriol Junqueras pudo anunciar por adelantado que Cataluña recibirá 4.700 millones de euros más tras una entrevista bilateral en Moncloa con Pedro Sánchez. Este es el "pecado original" al que se aferra el PP y Emiliano García Page, desde el PSOE, para justificar su rechazo a una reforma que es urgente y perentoria.

El sistema actual, vigente desde 2009, lleva 12 años caducado y hace tiempo se mostró injusto, abriendo una brecha significativa en la financiación por habitante entre comunidades, que alcanza hasta los 1.500 euros. El PP pudo modificarlo con mayoría absoluta, pero lo evitó, consciente de las tensiones que genera entre sus barones. Con la propuesta presentada, la única con razones de peso para oponerse sería Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid, la comunidad más rica, ya que la ordinalidad no se aplica allí como sí ocurre con Cataluña. De aplicarse, la solidaridad del sistema se vería comprometida.

La letra pequeña

El plan que finalmente el Gobierno ha puesto sobre la mesa está lejos de ser perfecto. Su viabilidad depende del actual contexto económico, con la recaudación disparada y 30.000 millones de euros adicionales para el Estado. Esto permite entregar 21.000 millones más a las comunidades. Queda por conocer mucha letra pequeña: cómo se limitará el dumping fiscal, qué topes habrá a la bajada de impuestos y cómo quedará la financiación por habitante para cada comunidad.

A falta de detalles, las comunidades gobernadas por el PP ya expresaron un no rotundo. Especialmente en Andalucía, donde las posibilidades de que el Gobierno de Juanma Moreno se sume al acuerdo son mínimas, considerando que María Jesús Montero es su rival en las elecciones autonómicas de este año. "Traidora", insisten los populares contra la vicepresidenta, aunque en la nueva propuesta la comunidad andaluza alcance los 40.000 millones de financiación cada año, muy por encima de otras.

De nada sirve que se pongan sobre la mesa 4.850 millones de euros más para Andalucía. Nada de lo que se ha leído aquí probablemente se debatirá. La discusión se centrará en que el modelo se ha pactado con los independentistas, atenta a la igualdad entre los españoles y que Montero es una traidora a la comunidad de la que fue consejera de Hacienda.

La propuesta aún debe aún recorrer el Consejo de Política Fiscal y Financiera y el Consejo de Ministros antes de llegar al Congreso, donde podría debatirse en junio. El Gobierno cree que es ahora o nunca y que si no sale, pasarán otros diez años con una financiación caducada e injusta. Hablan de "oportunidad histórica". Como ley orgánica, requiere una mayoría que incluya a todo el bloque de investidura, incluido Junts, o al PP, algo actualmente imposible. Mientras tanto, será objeto de intensa batalla política, especialmente en Andalucía, epicentro de la contienda electoral. Más ruido, más peleas, más fuegos de artificio, en un tema crucial: el dinero con el que las comunidades financian la sanidad y la educación públicas. La pregunta central sigue siendo: ¿valen más 4.850 millones de euros para Andalucía o una foto con ERC? El debate ya está escrito y continúa marcado por la narrativa política.