Las universidades públicas muestran su rechazo a los cambios introducidos en la Ley Universitaria para Andalucía

Las Universidades Públicas de Andalucía han expresado este lunes, a través de su portavoz Paco Oliva, su "profunda preocupación" por los cambios introducidos en el Proyecto de Ley Universitaria para Andalucía (LUPA). Durante su intervención en la Comisión de Universidad, Investigación e Innovación del Parlamento andaluz, Oliva ha alertado sobre “modificaciones sustanciales y no consensuadas” respecto al borrador negociado durante meses con la Consejería, y que en 2024 recibió el aval de las instituciones académicas.

Uno de los aspectos más sensibles, según Oliva, es la "posible vulneración del derecho fundamental a la autonomía universitaria", reconocido en la Constitución Española y desarrollado por la LOSU. Las universidades consideran que varios artículos del texto actual implican una "injerencia directa de la administración autonómica en competencias exclusivas de las instituciones académicas", explican en una nota de prensa.

Principales puntos críticos

Entre las medidas más controvertidas figura la previsión de que la Relación de Puestos de Trabajo del personal docente y de administración requiera aprobación mediante Orden de la Consejería, algo “sin precedentes en Andalucía y contrario al núcleo esencial de la autonomía universitaria”. También se cuestiona la fijación desde la ley de un número máximo de integrantes para órganos colegiados -Claustro, Consejo de Gobierno, centros y departamentos-, una competencia que la LOSU reserva a los Estatutos de cada universidad.

En materia de contratación, las universidades rechazan la revisión semestral por parte de la Consejería de las causas de contratación del profesorado sustituto, así como la creación de nuevas figuras contractuales no contempladas en la LOSU.

Imposición de un interventor externo

Otro elemento especialmente criticado es la imposición de un interventor externo procedente de cuerpos específicos de la administración. Oliva ha recordado que “las universidades ya cuentan con un sistema de control económico riguroso, independiente y sometido al escrutinio de Consejos Sociales, auditorías externas y la Cámara de Cuentas”.

Postura sobre las universidades privadas

Las universidades han mostrado además su rechazo a que los Consejos Sociales asuman funciones que exceden la normativa estatal, incluida la competencia para aprobar el Plan Plurianual de Financiación, lo que, a juicio del portavoz, aumenta la dependencia del Gobierno andaluz. También han reclamado recuperar la referencia a la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía, eliminada del texto actual pese a estar presente en versiones anteriores.

Respecto a las universidades privadas, Oliva ha defendido que "los programas de becas financiados con fondos públicos deben destinarse exclusivamente al estudiantado de la universidad pública, y que las instituciones privadas aún no constituidas cumplan estrictamente todos los requisitos legales antes de iniciar actividad".

“Una ley sin financiación suficiente es inaplicable”

El portavoz ha insistido en que la futura LUPA requiere una financiación adecuada para su aplicación real. Ha recordado que, sin alcanzar “cuanto antes” el 1% del PIB en financiación universitaria -como establece la LOSU-, muchas de las obligaciones previstas serían inviables. “Una ley sin financiación está condenada a convertirse en papel mojado o, peor aún, a poner en riesgo la sostenibilidad del sistema público”, ha advertido.

Oliva ha concluido apelando a la necesidad de una norma “sólida, estable y útil para el futuro”, que respete la autonomía y se ajuste al marco estatal, e instando a los grupos parlamentarios a reconsiderar los artículos conflictivos en el trámite de enmiendas.