La Junta exigirá por ley un interventor externo en las Universidades para fiscalizar sus cuentas "y evitar rescates"

Cuando la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía aprobó en octubre de 2024 el anteproyecto de la Ley Universitaria para Andalucía planteó la posibilidad de incorporar un interventor externo en las universidades públicas como un mecanismo de control del gasto. En el tramo final de la tramitación de la ley, cuya aprobación está prevista antes de que el presidente andaluz convoque elecciones, la propuesta ha dado un paso adelante: la nueva norma universitaria en trámite incorpora la figura del interventor externo como obligatoria, y no opcional, en el conjunto del sistema universitario andaluz.

Es, según fuentes de la consejería de José Carlos Gómez Villamandos, un "salto" en materia de transparencia, fiscalización y prevención de crisis financieras similares a las ya vividas en algunos centros. El objetivo, según trasladan estas mismas voces, es proteger el sistema público universitario, mejorar la gobernanza, reforzar la transparencia para fortalecer la investigación, la internacionalización y asegurar la estabilidad en el empleo académico.

Con la mayoría absoluta del PP en la cámara andaluza, fuentes de la Junta dan por seguro que este punto se mantendrá en el texto final de la ley, a la que todavía le queda por incluir, llegado el caso, las aportaciones de los agentes sociales que se realizarán el próximo lunes 1 de diciembre. Entre otros ponentes, participará Francisco Oliva, rector de la Pablo Olavide y presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía.

El arranque del debate se remonta al caso de la Universidad de Málaga (UMA), cuyo endeudamiento prolongado durante años -un saldo negativo de 27 millones de deuda y 17 millones en gastos de ejercicios anteriores sin pagar- encendió las alarmas de la Junta. En 2024, al llegar un nuevo equipo rector, se detectó la deuda y un volumen importante de gastos atrasados, lo que obligó a implementar un plan de ajuste severo: recortes en contratación, contención de gastos corrientes y freno en partidas habituales como viajes o contratos temporales.

Ese episodio -y el rescate financiero con un préstamo extraordinario aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta a la UMA de 48,5 millones de euros- puso de relieve que el sistema de control interno habitual de las universidades (auditorías internas, controles contables propios y la rendición ante la Cámara de Cuentas de Andalucía) no siempre basta cuando la gestión es deficiente o las estructuras de control son endebles.

Por eso, la Consejería entendió necesario reforzar la gobernanza universitaria: no como castigo, sino como instrumento institucional para garantizar la sostenibilidad del sistema, proteger los fondos públicos y evitar intervenciones de emergencia. Esas fueron las razones de peso para incluir un interventor externo en el nuevo marco normativo, funcionario de la Junta de Andalucía o del Estado en comisión de servicios. Esta figura en los organigramas de fiscalización de los rectorados no es habitual. Hasta ahora en Andalucía, y en el resto de España, las universidades públicas supervisan sus cuentas con servicios propios de auditoría y control interno pero no con la fiscalización de un funcionario externo a su estructura. Si lo tienen es porque voluntariamente han incorporado este perfil, caso de la Universidad de Almería, que cuenta con un interventor municipal, procedente de un Ayuntamiento, en comisión de servicios para el control del gasto financiero de la UAL.

Comisión parlamentaria con la posición de los rectores de la Universidad pública

La Ley Universitaria para Andalucía se encuentra ya en la fase final de su tramitación y, según fuentes de la Consejería, ha sido un proceso "muy constructivo" incluso de grupos, a priori, de los que no esperaba la Junta ese espíritu.

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha invitado para que hagan sus aportaciones a perfiles muy distintos, desde el presidente de la asociación de Universidades Públicas, Francisco Oliva, a ex rectores de centros públicos, sindicatos y portavoces de asociaciones de estudiantes.