Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Economía

La Junta de Andalucía reduce trámites y plazos para abrir bares, restaurantes, pubs o salones de celebraciones

El anteproyecto de Ley de Gestión Ambiental, que databa de 2007, simplifica procesos, reduce tiempos de espera y endurece las sanciones

Bares llenos en el centro de Córdoba

Bares llenos en el centro de Córdoba / Chencho Martínez

Javier Alonso

Sevilla

En Andalucía hay 56.740 establecimientos de hostelería. Cada año abren unos 3.400 en la comunidad autónoma. Con el nuevo anteproyecto de Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía que aprueba este miércoles el Consejo de Gobierno de Andalucía con el objetivo de que entre en vigor en esta legislatura se podrán abrir en menos tiempo y con menos trámites. La actividad de bares, pubs y restaurantes es una de las 29 que pasarán a requerir únicamente una declaración responsable (un documento que acredite que cumplen con la normativa) para poner en marcha su negocio sin necesitar como hasta ahora una licencia ambiental (que exige una revisión previa por parte de la Administración).

Esta apuesta por reforzar la vía de las declaraciones responsables es uno de los ejes del anteproyecto de ley que pretende facilitar "la inmediata puesta en marcha de actividades de bajo impacto ambiental" confiando en el cumplimiento de la normativa por parte de los promotores. Así, no sólo afectará a la hostelería, también se simplifica el proceso de apertura de negocios para alojamientos turísticos, salones de celebraciones, cines, teatros, establecimientos de juegos, carnicerías, pescaderías, panaderías, un centro de personas mayores, un parque acuático o un punto de venta de animales.

Como complemento a esta simplificación administrativa, la Junta de Andalucía refuerza en su normativa el capítulo sancionador para aquellos negocios que no se ajusten a la documentación que han presentado como declaración responsable o que abran sin ni siquiera completar este trámite.

Así, se consideran infracciones muy graves el inicio de una actividad sin presentar la Declaración Responsable o el incumplimiento de los compromisos adquiridos en ese documento poniendo en riesgo el medio ambiente o la seguridad y salud de las personas. También se considera como una infracción de máxima gravedad "la falsedad, ocultación o manipulación maliciosa de datos". En todos estos supuestos se aplicarán sanciones de entre 6.000 y 24.000 euros.

Otras simplificaciones

La nueva ley, que sustituye una legislación vigente desde 2007, también dota de nuevos plazos y procedimientos a los proyectos con impacto ambiental que requieren de unos permisos más complejos y con revisiones previas. Es el caso de la autorización ambiental unificada, un expediente que hasta el momento tenía un plazo de ocho meses para completarse. Con la nueva normativa, se reducirá a seis.

Un camarero atiende a unas clientas

Un camarero atiende a unas clientas / A. J. González / Archivo

En algunos casos, los proyectos empresariales podrán requerir una Autorización Ambiental Unificada Simplificada por lo que los permisos los pasará a conceder la Junta de Andalucía a través de un modelo reducido que tiene un plazo máximo para su aprobación de cinco meses. Esto afectará a unos 400 expedientes al año.

Asimismo, se revisa el procedimiento conocido como calificación ambiental que pasa a denominarse licencia ambiental y a depender exclusivamente de los ayuntamientos. Es el permiso para poner en marcha un negocio que pueda tener impacto sobre el entorno o las personas y que, por tanto, no se puede abrir solo con una declaración responsable. En estos casos, el plazo máximo para la respuesta pasa a ser de tres meses.

Para todos estos casos también se refuerza el marco sancionador con nuevas tipificaciones y cuantías de infracciones. Aunque en este caso se incorpora una novedad: se habilitan vías para sustituir la penalización económica por la restitución de los daños ambientales causados.

El artículo 198 de su último título es el que regula esta nueva posibilidad: "Las sanciones consistentes en multas, una vez que adquieran firmeza en vía administrativa, pueden ser sustituidas, a solicitud de la persona sancionada, por una prestación ambiental de restauración, conservación o mejora del medio ambiente, o de educación ambiental, en los términos y condiciones que determine el órgano sancionador que impuso la multa, con el informe previo del órgano ambiental".

Una tramitación ágil y rigurosa con la protección ambiental garantizada

"Por primera vez tendremos una estrategia para planificación en Andalucía de las políticas de sostenibilidad en Medio Ambiente: queremos simplificar y agilizar los trámites sin renunciar a la protección", explica la consejera de Sostenibilidad, Catalina García, quien destacó la participación que se ha llevado a cabo durante la tramitación y subrayó que el objetivo es que "ningún proyecto ambientalmente sostenible se pierda".

"Se va a conseguir un cambio trascendental en los plazos garantizando seguridad jurídica y agilidad sin renunciar en ningún caso a la protección", subraya la consejera, quien destaca la reducción en los tiempos que conseguirá la normativa en todos los expedientes.

Tracking Pixel Contents