Miles de viviendas turísticas excluidas de las plataformas por el Ministerio seguirán dadas de alta en el registro andaluz

El registro andaluz que existe en la comunidad autónoma desde 2015 refleja que hay un total de 150.454 viviendas de uso turístico dadas de alta y, por tanto, con los permisos en regla para ser alquiladas por parte de visitantes. Sin embargo, el registro oficial del Ministerio, que desde este verano es una condición necesaria para anunciarse en plataformas como Airbnb o Booking, dispone de 52.598 viviendas dadas de alta, 6.154 en análisis y 16.740 que no han sido aceptadas una vez comprobados sus expedientes.

Esta diferencia de números ha desatado un choque institucional entre Gobierno central, Junta de Andalucía y ayuntamientos que se dirime en el ámbito político y judicial, pero que además tiene una consecuencia directa sobre los titulares de estos pisos: hay en torno a 90.000 en la comunidad autónoma que a efectos del registro andaluz están en regla y cuentan con su permiso para operar, pero que sin embargo no se pueden anunciar en ninguna plataforma (como Airbnb o Booking).

Registro único estatal

Este complejo escenario deriva de un cruce de registros y competencias. Hasta ahora, en Andalucía solo operaba el Registro Turístico que funcionaba a través de una declaración responsable. El titular de una vivienda aseguraba cumplir todos los requisitos y se daba de alta. Y permanecía en esta situación legal hasta que se producía una comprobación por parte del Ayuntamiento o de la Junta de Andalucía. Durante los últimos meses todas las administraciones han reforzado sus mecanismos de control y eso ha permitido que se hayan cancelado 10.300 viviendas en el último año por vulnerar alguna normativa. Todas ellas han perdido la autorización para operar y por tanto quedan excluidas del mercado por completo.

Pero desde el pasado 1 de julio, el Ministerio de Vivienda aplica un decreto, en ejecución de un reglamento europeo, que establece la configuración de un registro único estatal en el que deben constar todas las viviendas turísticas con permiso para operar en España. ¿Cómo funciona? Los titulares de las viviendas remiten la documentación para darse de alta en este registro y el Colegio de Registradores de la Propiedad comprueba si cumplen o no todos los requisitos de la normativa municipal de la ciudad en la que se ubiquen y de la normativa autonómica del territorio al que pertenezcan. Si toda la documentación está en regla se les otorga un número que les habilita para anunciarse en las plataformas. Esta lista es la que se ha enviado a las plataformas como Airbnb o Booking para que actualicen sus portales.

Por tanto, este registro estatal ha actuado en la práctica como un segundo filtro. Todas las viviendas han tenido que volver a presentar documentación (por ejemplo aquellas que en su momento se dieron de alta pero ya no operan) y se ha efectuado una segunda comprobación que en el caso de Andalucía lleva ya 16.740 expedientes en los que los registradores de la propiedad han detectado incumplimientos de la normativa. Ese era el objetivo de esta medida: zarandear el mercado del alquiler turístico para recuperar viviendas para uso residencial.

Cruce de competencias

El problema es Gobierno central y Junta de Andalucía (al igual que el resto de comunidades) no han coordinado sus estrategias. Y esto provoca que en estos momentos todas las viviendas que el Ejecutivo va revisando y excluyendo (y aquellas que ni siquiera han pedido el permiso estatal) permanecen en el registro oficial de la Junta de Andalucía y por tanto a todos los efectos son legales. Cuentan con los permisos para seguir operando pero no se pueden anunciar ya en ninguna plataforma.

"Se han solicitado las causas por las que se están denegando pero no tenemos información. Este registro no invalida el alquiler turístico, sólo su publicidad", explican desde la Consejería de Turismo que tiene planteado un recurso contencioso administrativo contra el decreto por el que se creó el registro estatal por invasión de competencias autonómicas en el que ya advertían de que se podía generar una situación de inseguridad jurídica para muchos propietarios de viviendas turísticas.

Desde el Ministerio por su parte subrayan que se ha ofrecido toda la información a las comunidades autónomas sobre el funcionamiento del registro y las posibilidades que supone coordinar las estrategias para afrontar el fenómeno de las viviendas turísticas. "Cada piso turístico ilegal es una familia expulsada de su barrio, es un joven que no se puede emancipar y frente a eso tenemos que trabajar todas las administraciones públicas", explicó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien ha pedido a todas las comunidades y ayuntamiento que cooperen.

Enfrentamiento político

El pasado domingo, en un mitin político en Málaga, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el Gobierno había conseguido retirar las licencias a 16.740 viviendas en Andalucía. Y estas palabras han contribuido a aumentar la tensión política. La realidad es que no se han retirado los permisos (competencia local y autonómica) pero sí se les ha denegado la autorización para que se publiciten.

El propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, respondió a estas palabras de Sánchez: "Hay mucho fuego de artificio y poca realidad. La vivienda es un ámbito donde no tiene competencia y lo único que puede hacer es obligar a que no se publiquen en ciertos portales. Pero en todo caso no es un alquiler legal ni transparente ni que cumple con los requisitos, lo puede volver a hacer".

Esta circunstancia ha provocado el malestar de la entidad que representa a los titulares de viviendas turísticas, la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía: "Lo que ha ocurrido es que, debido a los fallos del Registro Digital Único y la falta de criterios claros de los registradores, muchos de estos inmuebles no han podido obtener aún su Número de Registro de Alquiler (NRA). Pretender convertir este problema técnico y administrativo en una 'ilegalidad masiva' es un intento de manipulación de la opinión pública intolerable".