Andalucía será la comunidad que más menores inmigrantes acoja desde Canarias: llegarán 677 este verano

Andalucía será la comunidad autónoma que más menores inmigrantes procedentes de Canarias tenga que acoger en el marco de la distribución que va a realizar el Gobierno central este verano. En total se van a repartir 3.200 niños, niñas y adolescentes de los cuales 677 serán enviados al territorio andaluz, según han confirmado fuentes del Ministerio. Madrid será el segundo territorio que más tenga que acoger con 650.

Esta cifra, adelantada por la Cadena SER, supone en la práctica duplicar las plazas que tiene en estos momentos Andalucía para estos menores. La Consejería de Inclusión Social dispone de 645 plazas reservadas en total que durante los últimos años se han encontrado casi siempre entre al 90 y al 100% de ocupación por lo que la Junta para asumir este reparto y cumplir con las exigencias del decreto estatal deberá duplicar sus plazas este verano.

Este reparto será el mayor al que ha tenido que hacer frente la comunidad autónoma en los últimos años puesto que durante los últimos tres ejercicios sólo se han ejecutado traslados de en torno a una treintena de menores cada vez que se ha producido una saturación en los centros de acogida de Ceuta, ciudad autónoma con la que la Junta tiene suscrito un acuerdo de colaboración.

La distribución de estos menores, que responde a la situación de emergencia de Canarias por la saturación de sus centros, se enmarca dentro de los términos establecidos en el nuevo decreto estatal que fija, por primera vez, como obligatorio para cualquier comunidad aceptar los traslados procedentes de autonomías que tengan su red saturada. La norma fija unos criterios de plazas mínimas de las que debe disponer cada administración, así de como efectuar la distribución.

El planteamiento inicial era que se distribuyesen por el territorio español más de 4.400 menores que saturan en estos momentos las instalaciones ubicadas en Canarias, pero la cifra se ha reducido finalmente a 4.000 de los cuales 800 los asume el Ejecutivo con sus recursos. El resto se reparten entre comunidades autónomas.

El Ministerio notificó este viernes la cifra a las comunidades autónomas y prevé abordarlo en la Conferencia Sectorial que se celebrará durante este mes de julio. Se trabaja así con el escenario de que la distribución de los menores se pueda ejecutar a lo largo del mes de agosto.

Recurso ante el Tribunal Constitucional

La Junta de Andalucía, al igual que el resto de comunidades del PP y Castilla La Mancha, han iniciado los trámites para recurrir ante el Tribunal Constitucional este decreto al estar en contra tanto de los criterios que establece como de la falta de financiación. A la espera de que se resuelva, no obstante, el Gobierno de Juanma Moreno ha subrayado en repetidas ocasiones que cumplirá la ley mientras esté en vigor.

El pasado 27 de junio el Ministerio de Infancia reunió por última vez a todas las comunidades autónomas para abordar el desarrollo del decreto de menores inmigrantes. En esa cita, según confirmaron desde la Consejería, no se planteó cifra alguna específica de niños, niñas y adolescentes para Andalucía, aunque sí se anunció la formulación de un nuevo decreto que desarrolle los criterios de reparto al que se opusieron todas las comunidades gobernadas por el PP.

Según los cálculos que se pueden realizar con base en el decreto (que toma como referencia factores como la población) Andalucía debe tener más de 2.000 plazas para menores inmigrantes para cumplir con la ratio establecida en el nuevo decreto estatal. Sin embargo, la red autonómica sólo dispone de 645 plazas que se encuentran ocupadas casi al 100% por lo que prácticamente tendrá que triplicar sus recursos para cumplir con las exigencias del Ejecutivo central.

El punto de partida del recurso andaluz, cuyas bases fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno la pasada semana, se basa en cuatro posibles vulneraciones de la Constitución y del Estatuto andaluz: la injustificada situación de emergencia, la invasión de competencias autonómicas (inmigración y menores), la falta de financiación y la "arbitrariedad" en las decisiones. Sin embargo, varias de estas premisas han sido de entrada cuestionadas por el informe del Consejo Consultivo, y en un caso, también por los propios servicios jurídicos de la Consejería de Presidencia.

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