Política
Andalucía trata de frenar el decreto de menores inmigrantes y rechaza el nuevo plan para concretar el reparto
La Junta, como el resto de comunidades del PP y Castilla La Mancha, se han opuesto al nuevo desarrollo reglamentario aunque asume que la distribución de los niños, niñas y adolescentes llegados a Canarias empezará en las próximas semanas

Menores migrantes llegados a Lanzarote. / Europa Press
Javier Alonso
En las próximas semanas el Gobierno central empezará el reparto de los menores inmigrantes que en estos momentos saturas los centros de atención de las Islas Canarias en aplicación del decreto aprobado el pasado mes de marzo. La Junta de Andalucía asume que cuando esto ocurra tendrá que habilitar plazas para estos niños, niñas y adolescentes. Mientras tanto mantiene sus intentos de frenar este planteamiento. Así, mientras ultima su recurso ante el Tribunal Constitucional, este viernes ha vuelto a escenificar su rechazo a través del voto contrario a un desarrollo reglamentario con el que el Ejecutivo quería concretar aún más cómo se ejecutaba la norma ya validada en el Consejo de Ministros.
La Consejería de Inclusión Social participó con este planteamiento de rechazo en la Conferencia Sectorial que llevaba dos puntos del orden del día. Por un lado, informar sobre la ejecución del Real Decreto aprobado en marzo. Y por otro, ratificar la distribución de fondos entre las comunidades que sufren en estos momentos una mayor presión migratoria como son Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.
Andalucía volvió a conformar un frente común con el resto de comunidades gobernadas por el PP, con el respaldo de Castilla La Mancha, para rechazar la propuesta planteada por el Ejecutivo central para elaborar una nueva normativa que concrete los términos esbozados en el decreto de marzo en cuanto a la ejecución de los repartos y a las vías de financiación. El planteamiento por parte de la Junta de Andalucía es claro: si se está en contra de la base de la norma, no se puede avalar su desarrollo.
Reparto a partir de verano
No obstante, la Junta de Andalucía ha ratificado públicamente que aunque rechace la norma ejecutará el decreto si está en vigor y el Gobierno impulsa el reparto. Esto va a ocurrir, según el Ministerio ha vuelto a trasladar a las consejerías este viernes, a partir de este verano. Y para ello se ha convocado una nueva conferencia sectorial en el mes de julio. De momento, el Gobierno autonómico asegura que no cuenta con información ni en cuanto a fechas, ni número de menores ni sistema de financiación.
La secretaria general de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad, Concha Cardesa, ha tachado de “inadmisible e imprudente” la Conferencia y ha vuelto a acusar al Ejecutivo de "utilizar a los menores migrantes como moneda de cambio para mantenerse en el poder”.
Sobre la mesa se encuentra en estos momentos un primer reparto de menores de inmigrantes al que el Tribunal Supremo ha forzado al Ejecutivo dada la situación de los menores en situación de asilo que se encuentran en Canarias. En total, esto afectará a más de 800 niños, niñas y adolescentes que han llegado a las islas.
El nuevo decreto
Andalucía debe tener más de 2.000 plazas para menores inmigrantes para cumplir con la ratio establecida en el nuevo decreto estatal. Sin embargo, la red autonómica sólo dispone de 645 plazas que se encuentran ocupadas casi al 100% por lo que prácticamente tendrá que triplicar sus recursos para cumplir con las exigencias del Ejecutivo central.
El criterio básico establecido por el Ministerio es que cada comunidad debe contar con en torno a 32 plazas por cada 100.000 habitantes como capacidad ordinaria de acogida de menores. Esto supone, en el caso de Andalucía, más de 2.000 plazas disponibles, mientras que en estos momentos la red está conformada por 645. Así, el cálculo del Ministerio es que faltan 1.372 plazas, lo que sitúa a la comunidad andaluza como la que tiene que realizar un mayor esfuerzo para cumplir con la normativa seguida de la Comunidad Valenciana con 1.216. Esto implica también que será una de las comunidades autónomas que más menores procedentes de Canarias tendrá que acoger.
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