Andalucía eleva una nueva reclamación al Gobierno por la dependencia: pide 1.150 millones al año

La aplicación de la Ley de Dependencia en Andalucía se encuentra al límite. El número de beneficiarios sigue creciendo, los costes laborales asociados al servicio se disparan y el tiempo de espera se ha consolidado como el más elevado de España con 579 días según el último informe. El presupuesto destinado al sistema se incrementa año tras año y en este 2025 supera los 2.300 millones de euros. Sin embargo, sigue sin ser suficiente. De fondo, hay dos problemas. Por un lado, el desequilibrio en el reparto de las aportaciones entre el Gobierno y la Junta de Andalucía. Por otro lado, la "insuficiente" financiación para el sector que depende de la Junta de Andalucía.

El Gobierno andaluz lleva años reclamando que, tal y como establece la Ley de Dependencia, se aplique un reparto del 50% en la financiación entre el Estado y la Junta de Andalucía. El criterio no se cumple para ninguna autonomía. Y, de hecho, Andalucía es una de las que cuenta con una mayor aportación estatal. Concretamente, en 2024 aportó 739 millones de euros, lo que supone el 65%, mientras que el 35% restante lo asume el Ministerio. Es un reparto muy superior por ejemplo al del País Vasco donde el Estado no llega ni al 20%.

Sin embargo, no es suficiente. Andalucía ha formalizado una reclamación ante el Ministerio para que se eleve la financiación al 50%, un planteamiento que comparten prácticamente todas las comunidades autónomas. Esto supondría que en el año 2025, con un presupuesto para dependencia de 2.300 millones de euros, el Estado debería aportar 1.150 millones de euros, es decir, 400 millones de euros más que en este ejercicio. La reclamación se basa además en el compromiso adquirido por el PSOE con el PNV para que en el País Vasco haya una financiación a partes iguales. Sin embargo, esto no deja de ser de momento sólo una promesa que no se ha llegado a ejecutar.

La tendencia, sin embargo, es la contraria. Durante los últimos dos años, debido a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, la financiación estatal de la dependencia está congelada y volverá a situarse en torno a los 738 millones de euros. "Por cada año sin presupuesto estamos perdiendo 200 millones de euros", detalló la consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno, Carolina España.

En cualquier caso, como subraya el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, las cifras de los últimos dos años son las más elevadas desde la aprobación de la ley: "El Gobierno de España ya financia cerca del 40% de la dependencia en Andalucía, siendo la comunidad que más financiación recibe y está en los porcentajes más altos de cofinanciación con el objetivo de alcanzar el 50% (...) En 2024 la Administración General del Estado ha destinado 85,6 euros por habitante en Andalucía mientras que en el conjunto de comunidades autónomas es de 71,5 euros".

Respaldo del sector pero petición de medidas a la Junta

La petición de una mayor financiación estatal de la dependencia es compartida por las plataformas y asociaciones más representativas del sector. Tanto Cermi Andalucía como el Foro Andaluz de Dependencia subrayan que se requiere un Pacto de Estado por la dependencia que implique se alcance un reparto de financiación al 50% lo que permitiría destinar más recursos a la dependencia.

"Es evidente que no se cumple con lo que recoge la ley, si bien es cierto que el Estado en los últimos años ha aumentado su aportación, si se compara con los años en los que los recortes hicieron mella en el sector y la aportación del Gobierno no superaba el 18%", explican desde el Foro Andaluz de Dependencia. "La diferencia respecto al 50% prometido al País Vasco supone un agravio comparativo que pone en riesgo la sostenibilidad de los servicios esenciales destinados a las personas con discapacidad en Andalucía tales como los centros residenciales, centros de día y otros recursos", completa por su parte Cermi en referencia al acuerdo suscrito con el PNV que no se ha llegado de momento a implementar.

Ambas entidades han acogido de forma positiva la decisión de la Junta de Andalucía de aumentar en este 2025 los precios que se pagan a las entidades: un aumento del 4,5% en el precio de las plazas en los centros de día y residencias para personas mayores y con discapacidad en situación de dependencia y de un 3% en el precio / hora del Servicio de Ayuda a Domicilio.

En el caso de los centros residenciales y centros de día se trata de la tercera subida consecutiva con un incremento acumulado desde 2023 de un 13,5%, según los datos del Foro Andaluz de Dependencia. Según esta misma entidad, en el caso de las plazas de residencias, el incremento desde el 2023 alcanza el 26,9%. El acuerdo, según subraya CCOO, era de una subida del 25% en ambos conceptos desde 2023

Pero sigue sin ser "suficiente". "Desde la implantación de la ley de dependencia en 2006 nunca se ha abonado un precio que cubriera el coste real de los cuidados a las personas mayores dependientes en lo que afecta a los servicios residenciales y de estancia diurna (...) En el sector de la ayuda a domicilio la situación se ve agravada porque durante 13 años estuvo congelado el precio (...) Así pues consideramos insuficiente la actualización para compensar el fuerte impacto que ha tenido la inflación acumulada en los últimos años sobre los costes reales de prestación del servicio. La subida no cubre el desfase generado desde 2019 en asuntos claves como los costes laborales, la reducción de la jornada laboral o la subida del SMI".

CCOO ve incumplido el acuerdo

En el acuerdo firmado entre la Junta de Andalucía, los sindicatos y la CEA en relación con la dependencia se fijó como objetivo una subida del 25% en los precios del servicio de ayuda a domicilio o por las plazas de residentes. "Las subidas son insuficientes y no cumplen con lo acordado", explica Inmaculada Sánchez, responsable de Políticas Sociales de CCOO.

"No es un problema de financiación, hay margen suficiente. El compromiso es llegar a ese 25% desde la firma del acuerdo y no se está alcanzando. Además, no se están estableciendo marcos de negociación", apuntan desde el sindicato que lamenta que la actualización de los precios hora se anunciara sin un diálogo previo con los sindicatos.