Andalucía llevará al Constitucional el reparto de menores migrantes

La Junta de Andalucía aprobó ayer en Consejo de Gobierno interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto ley que establece el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas por «falta de recursos e invasión de competencias».

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo, Carolina España, dijo que «Andalucía no puede hacerse cargo de los menores a capricho del Gobierno y sin los medios económicos necesarios» y añadió que no es una decisión política ya que el pasado martes decidió lo mismo la comunidad de Castilla-La Mancha.

«No podemos permitir que este gobierno cargue contra unas comunidades y libere a otras del reparto de los menores como a Cataluña», ha afirmado la también consejera de Economía, quien ha censurado que el Gobierno «usa un drama humano para hacer un favor a los socios independentistas».

La portavoz precisó que el decreto está en vigor y, por tanto, Andalucía acatará las decisiones judiciales, aunque ha insistido en que el gobierno no puede hacer «oídos sordos» porque las regiones necesitan medios económicos para acoger a los menores migrantes.

Dudas sobre la urgencia

El recurso de Andalucía es contra determinados puntos del decreto del Gobierno y se sustenta en que invade competencias exclusivas de la comunidad, afecta a derechos fundamentales y vulnera principios constitucionales

La norma estatal modifica la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España e introduce una nueva regulación de la situación de los menores extranjeros no acompañados, su posible traslado entre las comunidades autónomas y los mecanismos de actuación ante situaciones migratorias excepcionales.

El Gobierno andaluz pone en tela de juicio la situación de «extraordinaria y urgente necesidad» que justifica la aprobación de este real decreto y defiende que existen mecanismos legales previos, como el Modelo de Gestión de Contingencias Migratorias para la Infancia y Adolescencia no acompañada aprobado en 2022, por lo que entiende que no se justifica adecuadamente la urgencia de modificar la Ley Orgánica 4/2000.

La Junta de Andalucía considera también que el texto aprobado extralimita las competencias estatales e invade las competencias exclusivas de la comunidad autónoma en materia de protección de menores y vulnera los principios de autonomía y solidaridad entre las regiones al imponer criterios de reparto no equitativos.

Asimismo, el Gobierno andaluz cuestiona la suficiencia financiera del mecanismo propuesto para compensar a las comunidades por los costes de la sobreocupación por menores extranjeros no acompañados, al establecer la creación del fondo, pero no su regulación, «provocando una situación de inseguridad jurídica contraria a lo establecido por la Constitución Española».